La reglamentación de las plataformas digitales de transporte público tipo Uber dotará a la Municipalidad de la Capital de herramientas legales para ordenar el sistema al mismo tiempo que equilibrará la cancha para la competencia entre los conductores que utilizan este tipo de dispositivos y los taxistas y remiseros.
La reunión del intendente Gustavo Saadi con los concejales oficialistas y opositores marca la decisión política de darle un corte definitivo al tema, que la semana pasada volvió a ocupar titulares.
Saadi subrayó que la ordenanza debe ofrecer soluciones concretas y tener como objetivo mejorar el servicio para los usuarios. Es decir: instó a los ediles a evitar salidas facilistas o demagógicas que luego terminen agravando las discordias.
El lord mayor señaló que Uber es una realidad imposible de soslayar y que lo más sensato es darle un marco para que deje de funcionar en la ilegalidad.
“La ley es clara, es un servicio de transporte y según nuestra Carta Orgánica tiene que ser regulado por el Estado. Al ponernos en esa obligación, lo que nos exige la ley como municipio es asegurar que el usuario viaje de manera segura”, señaló.
La clandestinidad es la gran ventaja que tiene el servicio, que no tiene que lidiar con convenios laborales, escalas tarifarias, mantenimiento de los vehículos, impuestos o tasas. Solo enfrenta eventuales quejas de los usuarios centradas en el conductor, al que supuestamente de inmediato se le impide continuar utilizando la aplicación.
Es importante subrayar el “supuestamente”. Uber se cuida de que los choferes y vehículos cumplan con requisitos mínimos de calidad por una cuestión de prestigio, pero no debe rendir cuentas a ninguna autoridad estatal: todo depende de su buena fe y el universo de choferes a su disposición es prácticamente infinito, ya que no debe pagar sueldos ni indemnizaciones.
Los choferes que usan la plataforma “full time”, aparte, son escasos en relación con los que la suman para tener ingresos extras.
La asimetría con taxistas y remiseros autónomos y las empresas comunes es evidente. Es razonable el pataleo de quienes deben pagar impuestos y registros para trabajar, para los que en la mayoría de los casos el remís es el ingreso más importante. Además, las empresas de remises y los remiseros son fácilmente localizables en caso de infracciones, mientras que Uber carece de oficinas.
La reglamentación igualaría las cargas, pero también planteará un desafío para los trabajadores del volante en términos de competitividad.
El criterio del municipio es claro. Más allá de sus singularidades, Uber es un instrumento del transporte público y debe atenerse a las generales de la ley. La ordenanza permitirá ejercer un poder de policía que hasta ahora le está vedado.
“Nosotros lo único que pedimos es igualdad de condiciones de trabajo, que se les pida a los conductores los requisitos como a nosotros, seguro, canon, licencia de conducir, tarifa regulada. La competencia tiene que ser leal”, dijo Walter Brizuela, referente del sector de taxis y remises.
El presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa, señaló las dificultades que plante la ausencia de una legislación nacional.
“Hay una laguna legal a nivel nacional y esto nos complica mucho a los municipios y provincias. Uber, esta aplicación a nivel global, está en la ilegalidad en muchos países y Argentina no es la excepción”, señaló.
“Tenemos que buscar las herramientas para ver cómo regulamos, porque la seguridad del transportado y del no transportado es responsabilidad nuestra. Estamos resguardando al pasajero, pero también a quien presta el servicio”, concluyó.
