En diciembre último, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina y cerró, en el plano internacional, un caso de 25 años sin justicia.
Condena. LaCIDH declaró a la República Argentina responsable internacionalmente por las violaciones a derechos humanos cometidas en el año 2000, en Mendoza.
Dos jóvenes amigos de toda la vida salieron juntos una mañana de marzo del año 2000 en Mendoza. Nunca volvieron. Sus cuerpos aparecieron cuatro meses después, en un descampado, con un disparo en la cabeza cada uno. Veinticinco años más tarde, nadie fue condenado por esos crímenes. Pero ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró a la Argentina responsable internacionalmente por lo ocurrido.
José Segundo Zambrano tenía 27 años y trabajaba como metalúrgico. Pablo Marcelo Rodríguez tenía 25 y era mensajero en una farmacia. Eran amigos desde chicos, vivían en la ciudad de Mendoza y ese 25 de marzo de 2000 salieron juntos. Según declaró la familia de Zambrano, él se dirigía ese día a una dependencia de la Policía de Mendoza: era informante policial, según reconoció el propio Estado argentino. Los dos jóvenes iban a aportar datos a efectivos policiales cuando desaparecieron.
Dos días después, sus familias los denunciaron como desaparecidos. El auto de Zambrano fue encontrado con manchas de sangre. Las autoridades no dieron ninguna información. El 3 de julio de 2000, los cuerpos de ambos aparecieron semienterrados en el piedemonte del departamento de Godoy Cruz. La autopsia confirmó que murieron por disparos de arma de fuego en la cabeza. La Corte Internacional concluyó que fueron víctimas de una desaparición forzada ejecutada por agentes de la Policía de Mendoza.
El caso generó una crisis institucional en el gobierno del entonces gobernador Roberto Iglesias. El ministro de Seguridad, Leopoldo Orquín, llegó a ofrecer una recompensa de $40.000 para quien aportara información sobre el paradero de los jóvenes. Fue un puestero llamado José Luis Robertson quien finalmente reveló que los cuerpos estaban en el piedemonte de Godoy Cruz, cobró el dinero, y tiempo después se supo que tenía algún vínculo con las muertes. El caso se convirtió en uno de los detonantes de la caída de la llamada "mafia policial" mendocina.
La investigación judicial fue, cuanto menos, accidentada. El Ministerio Público mendocino llegó a acusar a dos personas, entre ellas el ex policía Felipe Gil. Pero en 2004, la Cámara que llevó adelante el juicio oral absolvió a ambos imputados. El motivo: uno de los acusados había declarado ante el juez de instrucción siendo juramentado como testigo, cuando debía estar protegido como imputado. Esa irregularidad anuló una parte clave del proceso. La propia Cámara, al absolver, reconoció que existía "sospecha positiva" sobre la participación de los acusados.
Las madres de las víctimas recurrieron la sentencia hasta la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que rechazó el recurso. Al juez responsable del error en la instrucción le impusieron, años después, un simple apercibimiento. En 2018, la justicia provincial ordenó indemnizar al ex policía Gil con 1,5 millones de pesos por los cuatro años que había permanecido detenido antes de ser absuelto.
El caso llegó a la Corte Interamericana luego de más de 19 años de trámite ante la Comisión Interamericana. El propio Estado argentino reconoció su responsabilidad ante el organismo internacional. El fallo, dictado el 28 de agosto de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de la Nación el 22 de mayo pasado, declaró que Argentina violó el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad y a la verdad, tanto de las víctimas como de sus familiares.
La sentencia ordenó al Estado reabrir y sostener las investigaciones con la debida diligencia, brindar atención psicológica y médica a los familiares, pagar indemnizaciones, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad en la Provincia de Mendoza y difundir el fallo por medios oficiales. El comunicado que publicó esta semana el Ministerio de Justicia de la Nación es parte del cumplimiento de esa última obligación.
Para las familias de Zambrano y Rodríguez, el fallo internacional es el único reconocimiento formal de que algo muy grave ocurrió y que el Estado fue parte. En Argentina, nadie pisó la cárcel por estos crímenes. La condena de la Corte Interamericana no cambia eso, pero sí obliga al país a retomar la investigación, identificar a los responsables y, si corresponde, sancionarlos.
Madres, esposas, hermanos e hijos esperaron un cuarto de siglo una respuesta que la justicia argentina no les dio. El tribunal internacional les dijo, al menos, que tenían razón en reclamarla.
Fuentes: Boletín Oficial de la República Argentina (22/05/2026); Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia Caso Zambrano, Rodríguez y otros vs. Argentina (28/08/2025); diario Los Andes.
