La salud pública argentina parece ingresar peligrosamente en una etapa de agudización casi terminal de la crisis que arrastra desde hace años. Y convendría que la dirigencia política comenzara a observar con mucha atención un fenómeno que amenaza con quebrar uno de los últimos grandes mecanismos de contención social del país.
El severo recorte presupuestario dispuesto por el gobierno de Milei sobre el sistema sanitario nacional afecta la prevención de enfermedades, debilita la asistencia médica, deteriora la cobertura farmacológica y, en definitiva, golpea de lleno sobre los sectores más vulnerables.
La situación se vuelve especialmente delicada porque las restricciones presupuestarias coinciden con un fenómeno de sobredemanda del sistema estatal. Miles de argentinos han perdido sus empleos y, con ello, también han quedado sin obra social. A ese universo se suman numerosas familias de clase media que, aun conservando ingresos, se vieron obligadas a abandonar la medicina prepaga debido al incesante incremento de las cuotas. En consecuencia, hospitales y centros de atención primaria reciben una presión asistencial creciente precisamente en el momento en que disponen de menos recursos para responder.
El problema adquiere una dimensión todavía más compleja por la pretensión del Gobierno nacional de transferir hacia provincias y municipios la responsabilidad integral del sostenimiento del sistema sanitario público. La descentralización puede ser una herramienta válida en determinadas circunstancias, pero resulta inviable cuando no está acompañada por la correspondiente transferencia de recursos económicos.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de este retroceso es el desmantelamiento del programa Remediar. Durante años, esta política pública permitió garantizar medicamentos esenciales a millones de personas mediante una amplia cobertura terapéutica. Antes de la llegada de Milei al poder, el programa contaba con una decena de líneas terapéuticas y más de cien presentaciones farmacológicas. Hoy ha quedado reducido prácticamente a tres medicamentos vinculados a patologías cardíacas.
Entre los sectores más afectados por esta situación aparecen los adultos mayores. La reducción del acceso a medicamentos alcanza aproximadamente un 28% en este sector. A este cuadro debe agregarse el progresivo deterioro del PAMI, otra de las columnas históricas de la cobertura sanitaria argentina. Los ajustes presupuestarios comienzan a reflejarse en la pérdida de descuentos para medicamentos, en restricciones de prestaciones y en crecientes dificultades para sostener pagos a proveedores.
La combinación entre hospitales desbordados, programas preventivos desfinanciados, caída de la cobertura farmacológica y debilitamiento del PAMI configura un escenario de alta peligrosidad social. Resulta imprescindible y prioritario, por lo tanto, una urgente recomposición presupuestaria del sistema de salud pública para evitar un colapso sanitario cuyas consecuencias podrían resultar mucho más costosas —en términos humanos, económicos e institucionales— que cualquier ahorro fiscal coyuntural.
