Los datos recientemente publicados por el INDEC en su informe «Cuenta de Generación de Ingresos e insumo de mano de obra», correspondiente al primer trimestre de 2026, ofrecen una dimensión precisa del fenómeno de la pérdida sostenida de participación de los salarios en la distribución de la riqueza.
De acuerdo con el trabajo estadístico, en los últimos diez años los asalariados argentinos dejaron de percibir ingresos por un valor aproximado a los 41.000 millones de dólares, lo que significa que durante ese período los trabajadores formales e informales perdieron 7,2 puntos porcentuales de participación en el Producto Bruto Interno en manos de quienes concentran el excedente económico.
Los datos analizados abarcan una década durante la cual se sucedieron tres gobiernos nacionales que, en distinta medida, comparten responsabilidades en este pronunciado declive: los encabezados por Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
Los 41.000 millones de dólares señalados equivalen aproximadamente al rescate financiero que el Fondo Monetario Internacional otorgó al gobierno de Mauricio Macri en 2018, un préstamo extraordinario que, en términos netos, todavía no ha comenzado siquiera a ser devuelto. Mientras aquel endeudamiento quedó registrado como una de las mayores asistencias financieras de la historia del organismo, una cifra equivalente desapareció silenciosamente de los ingresos de quienes dependen de un salario para vivir.
El fenómeno se explica, en primer lugar, por la persistente caída del salario real, que durante la última década acumuló una contracción cercana al 20 por ciento. Pero también incidió la disminución de la participación relativa del empleo registrado dentro del total de los puestos de trabajo, un proceso iniciado en 2016 que se profundizó particularmente durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei.
La pérdida del poder adquisitivo perjudica directamente a millones de trabajadores, pero además termina afectando al conjunto de la economía. Una sociedad cuyos salarios pierden participación dispone de menos recursos para consumir. La retracción del consumo interno repercute sobre la producción, desalienta nuevas inversiones orientadas al mercado interno y limita las posibilidades de crecimiento sostenido.
Por otro lado, los principales beneficiarios del cambio distributivo no reinvirtieron en la economía real una proporción equivalente de los recursos obtenidos. Una parte considerable de esas ganancias terminó alimentando la salida de divisas del país. Durante el gobierno de Mauricio Macri la fuga de capitales alcanzó aproximadamente los 86.000 millones de dólares; durante la gestión de Alberto Fernández se ubicó en torno a los 20.000 millones; y en lo transcurrido del gobierno de Javier Milei ronda ya los 40.000 millones.
La recuperación de la participación salarial no es únicamente una cuestión de justicia distributiva, sino que además constituye también una condición indispensable para reconstruir un mercado interno vigoroso, estimular la inversión productiva y devolverle sustentabilidad al crecimiento económico.
