Cristina Fernández de Kirchner recurrirá al Comité de Derechos Humanos de la ONU para tratar de revertir la condena por corrupción que se le impuso en la Causa Vialidad, que incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Irónica simetría: aplica el mismo criterio de los inversores y prestamistas que condicionan cualquier acuerdo con la Argentina a que eventuales litigios se diriman en tribunales extranjeros.
Cierto es que podría señalarse más de una diferencia entre su desafortunada peripecia judicial y las prevenciones de quienes celebran contratos con el Estado nacional, pero una y otros sostiene sus decisiones en idéntico principio: el descrédito de las instituciones del país, en este caso la Justicia.
En una carta abierta que tituló “El costo democrático de la politización de la Justicia”, la expresidenta advirtió que el Comité de Derechos Humanos de la ONU someterá a los jueces que participaron de su juzgamiento “serán sometidos al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
“Allí deberán responder no ante un gobierno ni ante un partido político, sino ante los principios universales de independencia judicial, debido proceso, igualdad ante la ley y protección efectiva de los derechos fundamentales", señaló.
"Dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos", destacó, "contribuirán a que esta causa concreta sea examinada con el rigor jurídico que merece".
El párrafo podría haber sido suscripto perfectamente por cualquier fondo buitre ansioso de sustraerse de la jurisdicción de los tribunales argentinos, como los que compraron el juicio por la expropiación de YPF.
CFK alega que es víctima de “violación de derechos políticos y proscripción”.
Los abogados que se sumarán al argentino Carlos Beraldi ante la ONU son Rafael Valim, brasileño, que representó a Lula Da Silva, y Javier Borrego, agente del reino español ante tribunales internacionales, juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y magistrado de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo español.
La pintoresca exposición de Borrego en la conferencia de prensa que el trío ofreció para presentar el caso permite inferir la estrategia política de CFK de cara al proceso electoral del año que viene. Tras señalar que la “arbitraria” sentencia Vialidad obedeció “al fin absolutamente espurio de quitarla (a CFK) de cualquier contienda electoral” por medio de la inhabilitación, se adentró en la interpretación del sistema electoral argentino.
“Perdón, ¿las primarias son elecciones para un cargo público? En principio no. Son elecciones preparatorias para las futuras elecciones para un cargo público. Por lo tanto al sistema PASO Cristina Fernández de Kirchner podría presentarse porque no es para un cargo público", razonó.
Según Borrego, la propuesta de suspenden o suprimir las PASO se debe a la preocupación de opositores y oficialista por el respaldo que CFK podría obtener en tal instancia, independientemente de que pueda o no presentarse luego en las generales.
La presentación ante la ONU incluye un pedido de medida cautelar para que se le restituyan sus derechos políticos antes de que el Comité aborde la cuestión de fondo. Diversas fuentes jurídicas coinciden en que, de cualquier manera, las decisiones del organismo no tienen carácter vinculante y que la última instancia argentina, la Corte, ya se ha pronunciado ratificando la condena.
Como sea el PJ, cuya administración CFK controla, evalúa los mecanismos para presentarla como precandidata. Podría ser en PASO o en internas partidarias, que también serían “elecciones preparatorias para las futuras elecciones para un cargo público”.
Otro límite a Axel Kicillof, que llegado el caso debería elegir entre competir contra su mentora, sometérsele o jugar aparte. n
