Estados Unidos ostenta muchos récords mundiales. El peor de todos es la cantidad de personas muertas por armas de fuego. La última estadística anual conocida es de 2020, el primero de la pandemia. Ese año murieron en el país del norte 45.222 personas por disparos, lo que incluye asesinatos, accidentes y suicidios con armas. Es decir, cada día mueren en promedio 123 personas por las armas de fuego.
Las masacres en centros de compras o escuelas ya no sorprenden a nadie. El 15 de mayo, un joven considerado supremacista blanco asesinó a 10 personas en un supermercado de Buffalo, una localidad estadounidense en la frontera con Canadá. El martes, otro joven asesinó en Texas, luego de dispararle a su propia abuela, a 18 niños y dos docentes en una escuela. En ese estado norteamericano, cualquier persona mayor de 21 años puede portar armas sin necesidad de un permiso. El único requisito es que no lo tenga expresamente prohibido.
En Argentina las armas en manos de civiles es mucho menor que en Estados Unidos, pero no son pocas: se calcula que hay aproximadamente casi 4 millones. La cantidad de muertes por esa causa es de 7 u 8 por día.
Vincular la existencia de armas en manos de civiles, tanto legales como ilegales, con la cantidad de muertos por un balazo, ya sea por homicidio, accidente o suicidio, debería ser argumento suficiente para desalentar los discursos que propician armar a los ciudadanos que no forman parte de las fuerzas de seguridad como un modo de combatir el delito. Algunos, incluso, son proferidos con dirigentes políticos que tienen o han tenido responsabilidades institucionales en la Argentina.
Diputados nacionales libertarios promueven que los ciudadanos porten armas. “Si los honestos portasen armas, habría menos delincuencia” dijo Javier Milei durante la campaña en la que resultó electo legislador. Luis Espert, compañero de coalición política, supo compartir en sus redes sociales un video en el que disparaba un rifle en un polígono con la frase “Cárcel… o bala”. También propuso convertir a los delincuentes “en un queso gruyere”. Más allá de la discusión de tipo moral, e incluso legal, respecto de que los civiles maten delincuentes, hay un problema vinculado a la propia seguridad. Las estadísticas indican que en los enfrentamientos entre delincuentes y ciudadanos comunes, los dos armados, en el 90% el que resulta herido gravemente o muerto es el ciudadano común.
Más grave aún resulta que lo haya sostenido quien durante cuatro años fue ministra de Seguridad de la Nación. En 2018, Patricia Bullrich aseveró que, “como Argentina es un país libre, el que quiera estar armado, que ande armado”. La frase, además, de desafortunada, es incorrecta. La legislación argentina es mucho más estricta que la de los Estados Unidos, y en nuestro país no puede andar armado “el que quiera”.
El debate respecto de las maneras diferentes de encarar las políticas de seguridad es absolutamente válido. Lo que no es razonable ni aconsejable es alentar a la población a armarse y que resuelva, por su cuenta y como pueda, siempre en desventaja frente al delincuente, los problemas de inseguridad.
