La restauración de un sistema financiero estatal sobresale como impronta distintiva en la gestión del Gobierno. Quizás porque carece del impacto proselitista de, por ejemplo, la obra pública, la narrativa oficial no lo destaca lo suficiente, pero la conversión de CAPRESCA en Caja de Crédito fue una bisagra en términos conceptuales respecto de las políticas de fomento a la actividad productiva aplicadas por gestiones anteriores.
La Caja de Crédito retoma la idea original del Banco de Catamarca, absorbido tras su quiebra por el Nación a principios de siglo. Su creación sigue un derrotero que el gobernador Raúl Jalil abrió cuando era intendente de la Capital, con la Caja de Crédito Municipal, instituto que procuró replicar ya desde el poder provincial en varios municipios del interior, con financiamiento inicial del Tesoro Provincial.
CAPRESCA financia con los recursos provenientes del juego de azar, aparte de prestaciones sociales y créditos personales, emprendimientos productivos con tasas diferenciales. Cubre así un vacío abierto en la provincia por la deserción de los bancos, cuyas sucursales son engranajes de un mecanismo que utiliza los depósitos de los catamarqueños, incluidos los de la administración pública, para fondear la producción en distritos más prósperos, donde el sector privado tiene mayor margen para pagar los intereses y el costo de los servicios financieros.
Un estudio del Ministerio de Planificación sobre los créditos tomados por los catamarqueños en el primer trimestre de este año confirmó el circuito. Solo un 13 por ciento de los 8.400 millones de pesos que se prestaron en total fue destinado a la industria manufacturera y la producción primaria. La mayor parte (62%) fue tomado por personas físicas en relación de dependencia laboral. Otro 10% fue a parar al comercio mayorista o minorista, para la adquisición de electrodomésticos y enseres personales o reparación de automotores y motocicletas; un 6%, a la construcción.
Eje de gestión
Si se evalúa el desempeño de la administración Jalil, entre los errores y aciertos se advertirá que el incremento de la eficacia en la administración de los fondos provinciales fue el objetivo primordial desde un principio.
Lucía Corpacci había legado unas finanzas sólidas, robustas, sin el peso de las letales deudas en dólares, pero su administración demandaba ajustes. Lo primero que hizo su sucesor fue unificar la administración. La unificación de todos los organismos recaudadores en ARCA se concatena en tal sentido con disposiciones como la incorporación de Vialidad Provincial al Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, o la del IPV al Ministerio de Vivienda. También se tomaron fondos de la Administración General de Asuntos Previsionales, que recauda los aportes de los empleados públicos para financiar el complemento jubilatorio del 82% móvil, y las contribuciones de la minería.
Esta reorganización acrecentó el volumen de dinero disponible para poder obtener mayores rendimientos en el sector financiero, por un lado, y suministrar créditos a tasas adecuadas a la realidad económica provincial al sector privado. La Caja de Crédito provincial es el fruto de esa maniobra, que habilitó también contar con excedentes para sostener la demanda salarial y el gasto del elefantiásico sector público.
La oportunidad perdida
Lo conveniente de contar con instituciones financieras estatales bien administradas surge palmario en el análisis retrospectivo. Catamarca no las tenía ni el Gobierno se preocupó por crearlas en el auge de la renta minera, entre 2003 y 2010, convergente con la recuperación de los giros nacionales por coparticipación federal y fondos de asignación específica.
A las arcas provinciales ingresaron en 2011 U$S 1.065,8 millones más que en 2003: 367,33% más; 45,91% promedio anual.
Los planteles de la administración pública crecieron en el período, entre los tres poderes provinciales y los municipios, un 68%; la población, solo un 10.
La banca privada y la usura advirtieron el potencial del negocio y desembarcaron.
La sucursal local del Banco Nación, que tras quedarse con la cartera del Catamarca administraba la totalidad de las cuentas públicas provinciales, se posicionó a partir de 2004 como la segunda más rentable del país, pero la plaza catamarqueña daba para mucho más. Varios bancos privados se instalaron sin obstáculos para captar los depósitos de una sociedad cuya renta crecía exponencialmente y otorgar préstamos para el consumo a una población mayoritariamente asalariada del Estado.
Las casas dedicadas a la usura proliferaron, además, con riesgo cero, porque el Estado les facilitó códigos de descuento para que descontaran las cuotas de sus préstamos directamente de los sueldos de la administración pública, las jubilaciones y hasta los subsidios de la asistencia social. Los bancos, Nación incluido, practicaban las podas a cambio de una comisión y las depositaban a la orden de los prestamistas, que solo debían pasar por el cajero automático para hacerse de sus ganancias.
Polémica fiscal
Las cajas de crédito provincial y municipal podrían convertirse, si logran sustraerse a tentaciones clientelares que indefectiblemente las desfinanciarían, en instituciones idóneas para remontar la frustración de las SAPEM y las cooperativas como métodos para reducir la presión de la demanda laboral sobre el sector público, con la generación de cantidades significativas de fuentes laborales bien pagas en el privado.
Para esto es imprescindible que las finanzas provinciales continúen saludables y se expandan sin condicionar la inversión con cargas tributarias asfixiantes.
En tal sentido, se ha desatado una controversia por la habilitación del impuesto a los ingresos brutos sobre las utilidades obtenidas con la inversión en criptomonedas. Es entre el 5 y el 7% de las ganancias, que son desmesuradas: las casas del ramo ofrecen ganancias de entre el 15 y el 20% mensual de lo que se deposita.
Ya hubo conflictos por las inspecciones de agentes del ARCA en estos negocios y emerge una campaña tendiente a impedir que tamaños ingresos sean gravados. O sea: que se exima a la especulación financiera de tributos que el resto de las actividades deben pagar.
Independientemente de las conjeturas sobre el origen de utilidades tan altas, no se entiende por qué el fisco debería dispensarlas de sus obligaciones. Mucho menos si se considera que tales impuestos podrían aumentar las disponibilidades crediticias del recuperado sistema financiero oficial para la inversión productiva y la generación de empleo genuino.
