La tregua en la guerra por Aerolíneas Argentinas disimula la derrota de quienes defendían ese “statu quo” de la línea de bandera en contra de la privatización que promueve el Gobierno nacional.
jueves 28 de noviembre de 2024
La tregua en la guerra por Aerolíneas Argentinas disimula la derrota de quienes defendían ese “statu quo” de la línea de bandera en contra de la privatización que promueve el Gobierno nacional.
El punto de inflexión determinante fue el paro de Intercargo, la empresa a cargo del servicio de rampas, que la semana pasada produjo demoras en los vuelos, cancelaciones y la virtual captura de cientos de pasajeros que no pudieron bajar de los aviones. El Gobierno procedió de inmediato con la desregulación del servicio de rampas y el despido de 15 empleados.
Tras esa disposición, los sindicatos aeronáuticos accedieron a suspender las medidas de fuerza mientras se extiendan negociaciones en las que el Gobierno ofrece tres alternativas: privatizar la línea, entregársela a los trabajadores o disolverla previo proceso preventivo de crisis.
Al iniciarse el conflicto, los sindicalistas contaban con la legitimidad de los sentimientos entrañables que la línea de bandera despertaba en la sociedad, pero el peso relativo de este ingrediente fue disolviéndose a medida que salieron a la luz los suculentos sueldos y las canonjías que disfrutan los niveles jerárquicos de la compañía.
Esto se conjugó con los abusos de medidas de fuerza que perjudicaban a los usuarios para instalar en la opinión pública la convicción de que, en estas condiciones, Aerolíneas Argentinas no puede continuar.
Fueron los propios gremios los que allanaron el camino hacia la privatización que el Gobierno nacional se plantea como objetivo de máxima.
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, fue terminante: “Si no se da la privatización, intentaremos que la acepten los empleados. Y si no la aceptan los empleados, se cerrará. Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene del Estado; durante todo el kirchnerismo le costó 8.000 millones de dólares al país. Si los trabajadores no la aceptan, se va al proceso que corresponda para cerrar la compañía y dejar de solventarla”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, consideró que con el conflicto de Aerolíneas "se tomó conciencia nacional de que había un mecanismo de apriete del sector gremial al sector público", lo "cambió la posición de los dirigentes gremiales".
“El gobierno está dispuesto a avanzar con las propuestas que ya hizo: la privatización o, si los empleados quieren, le entregamos la compañía a los trabajadores y que lo resuelvan. En caso contrario, vamos a ir a la privatización. Si el Congreso no hace la privatización, el Presidente ha sido muy preciso también en esto: vamos a terminar con la compañía, con Aerolíneas Argentinas”, dijo Francos.
Aerolíneas quedó afuera del grupo de empresas del Estado pasibles de privatización incluidas en la Ley Bases. El desarrollo de los acontecimientos deja con escasos argumentos a los legisladores nacionales del interior que se opusieron a la privatización. Antes que garantizar conectividad de destinos supuestamente poco rentables, las autoridades de Aerolíneas los administraron como mercados cautivos, aprovechando que no tiene competencia en ellos para aplicarles tarifas prohibitivas.
Catamarca es un caso paradigmático en este sentido, con precios que pueden hasta cuadriplicar los de vuelos a destinos similares como Tucumán. Acá, la línea de bandera ni siquiera está en condiciones de esgrimir el argumento de que los que se gasta en subsidiar precios se recuperan con la actividad turística.
La implementación de la política de “cielos abiertos” terminó de dejar al descubierto esta situación tan propicia al chantaje, superpuesta el déficit crónico que sistematizó los multimillonarios desembolsos del Tesoro nacional destinados en última instancia a financiar los privilegios de la casta aeronáutica.