Existe una injusticia silenciosa que se reproduce cada vez que un asalariado compra un producto básico de consumo: paga, en proporción a sus ingresos, bastante más impuestos que un millonario. A esa conclusión arribó, poniéndoles cifras concretas, un riguroso estudio internacional.
El International Tax Observatory, organización de referencia global en materia fiscal, acaba de publicar un informe que describe con crudeza la arquitectura tributaria de América Latina. El estudio revela que nuestros sistemas impositivos no solo no corrigen la desigualdad sino que la profundizan.
El caso argentino es paradigmático. Según el informe, el 10% más rico de la población destina el 25% de sus ingresos al pago de impuestos. La clase media, en cambio, tributa el 29%. Y los sectores más empobrecidos —aquellos que ya arrastran las mayores privaciones— entregan al fisco el 37% de lo poco que ganan.
Vicente Silva, asesor senior de la organización, radicado en París, explica que el sistema argentino grava intensamente el consumo a través del IVA, un impuesto que no distingue entre quien gasta en lujos y quien gasta en necesidades básicas. Cuando una familia humilde compra alimentos, medicamentos, ropa o abona su transporte, paga IVA. Y dado que esos hogares destinan una gran proporción de sus ingresos a ese consumo elemental, una porción desproporcionada de lo que ganan termina en las arcas del Estado. Los sectores de mayores recursos, en cambio, consumen una fracción mucho menor de sus ingresos, de modo que el peso del IVA sobre ellos resulta considerablemente más liviano. Los impuestos que pagan adicionalmente —sobre la renta, el patrimonio, las ganancias extraordinarias— no alcanzan a compensar esa brecha estructural.
Este no es un problema exclusivamente argentino. En toda América Latina los impuestos sobre las rentas y las riquezas permanecen en niveles notoriamente bajos en comparación con los países desarrollados, particularmente los europeos, donde las sociedades han logrado construir sistemas de bienestar sólidos, precisamente porque sus estructuras tributarias redistribuyen con mayor equidad.
En la Argentina, la concentración de la riqueza en el vértice más alto de la pirámide adquiere dimensiones que desafían la imaginación. El propio Silva lo ilustra con un dato que invita a la reflexión: solo seis personas —los llamados milmillonarios— poseen más de 20.000 millones de dólares y acrecientan esa fortuna a un ritmo de alrededor del 8% anual. Ese crecimiento, cabe señalarlo, se asienta sobre rutas, puertos, infraestructura y, sobre todo, sobre el capital humano formado en escuelas y universidades públicas que sostienen, con sus impuestos, quienes menos tienen.
Frente a este diagnóstico, la respuesta debe ser una reforma tributaria progresiva, para que quienes más tienen aporten, efectivamente, más que quienes menos tienen. La desigualdad extrema no es solo una cuestión de justicia distributiva, sino también un problema de salud institucional. Es que no hay prosperidad sostenible sobre la base de la exclusión sistemática de la mayoría.
La Argentina, que ha pagado costos descomunales por sus recurrentes crisis económicas y su fragilidad institucional, debería ser especialmente sensible a esta advertencia.n
