La relación Nación-Provincias ha transitado a lo largo de los años diversas dificultades para encontrar un punto en el que la distribución de recursos y gastos entre los distintos niveles de gobierno sea justa o equilibrada. Esto es, sin incurrir en desbalances verticales (Nación-Provincias) ni en desbalances horizontales (entre Provincias).
Ello se ve reflejado en la historia de nuestro federalismo que, según explica el Dr. Alberto Porto (docente de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en la materia) en su trabajo "Etapas de la Coparticipación Federal de Impuestos” 2003, desde 1935 en que se sanciona la primera ley para distribuir la recaudación de impuestos entre la Nación y las Provincias, ha transitado alrededor de diez etapas diferentes a lo largo de los años.
Períodos en donde el sistema de coparticipación comenzó siendo devolutivo y luego redistributivo, donde en algunos casos crecía la participación de la Nación en la distribución primaria de recursos, y luego crecía en favor de las provincias, gastos que estaban en manos de Nación y luego eran transferidos al conjunto de las mismas, y así se puede enumerar varias situaciones.
Lo cierto es que estas dificultades para definir un sistema con una vigencia justa a lo largo de los años no se han superado. De hecho, referido a ingresos, en la actualidad sigue en vigencia la Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, sancionada en 1988. Y es a partir de ese año que Porto señala como la consolidación del federalismo coercitivo.
Apelando a la definición de coercitivo, de acuerdo con la Real Academia Española significa "que sirve para forzar la voluntad de la conducta de alguien”.
El argumento se basa en que la Nación, en su relación fiscal con las provincias, ha generado situaciones en donde la favorecida era claramente ella, sacando de escenario al Congreso nacional para el debate de cuestiones inherentes al mismo como es el sistema de coparticipación, firmando acuerdos federales en donde se transferían servicios a las Provincias o se les quitaba recursos para un fin específico.
Sin ir más lejos, la década de los ´90 estuvo signada por los pactos federales: el primero, con el objetivo de financiar la Seguridad Social, resolvió detraer un 15% de la masa coparticipable; el segundo, en donde Nación novedosamente acepta la transferencia de las Cajas Provinciales de Jubilaciones y Pensiones, limita también las competencias fiscales de las Provincias estableciendo la eliminación de algunos impuestos y la modificación de otros, como el que grava los ingresos brutos.
Por otra parte, se traspasa los servicios de educación y salud a las provincias sin prácticamente contrapartida financiera.
Asimismo, la mencionada Ley Nº 23.548 debía ser replanteada con fecha límite el año 1996 de acuerdo con el mandato constitucional de 1994. Es decir, hace exactamente 20 años que en nuestro país no se cumple con dicho aspecto de la Constitución nacional.
Pasando a la década del 2000, se tiene como ejemplo claro de los avances de Nación la creación del impuesto a los débitos y créditos bancarios donde las Provincias participan en un 30% únicamente.
En el año 2009, debido a la crisis que se enfrentaba, las provincias empezaron a acentuar sus reclamos por el régimen de coparticipación. Es allí cuando la Nación, a modo de atemperarlos y eludir la discusión del problema de fondo, decide crear el Fondo Federal Solidario. Fondo que se crea a través de un decreto nacional de necesidad y urgencia y el cual se compone del 30% de las retenciones del complejo sojero. Sí, de retenciones que de acuerdo a la Constitución y a la propia Ley Nº 23.548 son exclusivamente de competencia nacional.
Hoy surge nuevamente el debate. Debido a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de tres provincias que judicializaron el 15% de retención de los fondos coparticipables para la ANSES, hace cuatro meses la Nación convino con el resto de las provincias un nuevo acuerdo federal en donde se compromete a devolver el 15% a razón de 3% por año, comenzando por el presente. Las provincias, sin muchas alternativas en un año de finanzas públicas débiles, a razón de peor es nada, aceptaron. También tentadas con el crédito a tasa subsidiada que se les ofreció del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES.
Del mismo modo, se firmó una carta de intención de fortalecimiento del federalismo en donde las provincias se comprometen a lograr el equilibrio fiscal hacia el año 2019 y a discutir una nueva ley de coparticipación federal entre otras cláusulas. Cualquier parecido con el pasado, a esta altura de la historia del federalismo argentino, no puede ser mera coincidencia.
Si bien se trata de un avance para mejorar cuestiones totalmente injustas de la relación Nación-Provincias, es esencial volver a los mecanismos establecidos por nuestra Constitución Nacional e instaurar un debate serio en el seno del Congreso sobre las cuestiones inherentes a nuestro federalismo, comenzando por la sanción de un nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos.
De esta manera, podremos decir que la etapa del federalismo coercitivo ha quedado atrás. Mientras, continúa en plena vigencia.
