Cuando el Congreso aprobó la Ley Bases en junio de 2024, el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) fue presentado por el gobierno nacional como un marco normativo capaz de atraer capitales extranjeros de gran escala que, sin ese conjunto de incentivos, difícilmente elegirían a la Argentina como destino. Era, en la retórica oficial, una señal hacia el mundo de que el país había cambiado sus reglas de juego. A casi dos años de aquella promesa, los números y los hechos invitan a una reflexión bastante menos alentadora.
Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indica que de los doce proyectos aprobados bajo el RIGI hasta la fecha, al menos siete ya habían sido anunciados antes de la creación del régimen. Varios contaban con estudios de factibilidad avanzados, inversiones ya ejecutadas o definiciones estratégicas consolidadas con anterioridad a la sanción de la ley.
Esos proyectos, en consecuencia, no fueron atraídos por el RIGI, aunque sí se beneficiaron ampliamente con él. Esa distinción es importante, porque define la diferencia entre un instrumento eficaz de política económica y una transferencia de rentas directas al sector privado.
El costo fiscal que el RIGI impone al Estado argentino es, según el CEPA, superior a los 1.800 millones de dólares anuales. La cifra resulta de la suma de distintos mecanismos de renuncia tributaria que el régimen contempla. En primer lugar, la exención de retenciones a las exportaciones genera una pérdida que supera los 800 millones de dólares anuales. A eso se añade lo que no se recaudará en concepto de Impuesto a las Ganancias, que trepa a más de 500 millones de dólares por año. Completan el cuadro otras ventajas que afectan adicionalmente los ingresos del fisco: la exención de aranceles de importación sobre bienes de capital, repuestos e insumos, y la reducción de la alícuota sobre dividendos distribuidos a accionistas no residentes, que se fijó en apenas un 7% durante los primeros siete años y en un 3,5% con posterioridad, cuando la tasa general es sensiblemente mayor.
Hay otro elemento que merece atención particular y que desdibuja aún más el relato original del RIGI como imán de capitales extranjeros. Varios de los proyectos más relevantes aprobados bajo este régimen no están liderados por inversores foráneos, sino por una empresa argentina de mayoría estatal, como es YPF. La petrolera participa de manera directa o indirecta en emprendimientos que concentran el 68,5% de las inversiones aprobadas bajo el RIGI, equivalentes a 18.267 millones de dólares sobre un total de 26.679 millones. Que una empresa pública sea la principal beneficiaria de un régimen diseñado para atraer capitales privados del exterior es, cuanto menos, una paradoja que el gobierno no ha sabido —o no ha querido— explicar con claridad.
Las proyecciones del CEPA sobre el impacto fiscal del RIGI son razonables y merecen una respuesta seria por parte del gobierno. La Argentina no está en condiciones de regalar más de 1.800 millones de dólares anuales sin saber con certeza qué está comprando con ese dinero. Esa es la pregunta que el RIGI todavía no ha respondido.
