El inicio de las indagatorias en una causa que instruye el fiscal Carlos Stornelli reactualiza uno de los puntos más oscuros de la controvertida gestión de la pandemia en el gobierno de Alberto Fernández: la subordinación de la salud pública y la vida de los argentinos a corruptelas tramadas con la comercialización de vacunas, en unamatriz siniestra que costó miles de muertes evitables.
El núcleo de la acusación judicial apunta a un diseño deliberado para cartelizar el acceso a las vacunas en beneficio de un sector dela industria farmacéutica, con el magnate Hugo Sigman (Grupo Insud) como denominador común.
Entregarle el negocio a Sigman requería bloquear o dilatar el ingreso de competidores que pudieran eclipsar la producción del principio activo de la vacuna AstraZeneca.
El obstáculo principal para ese plan era el laboratorio estadounidense Pfizer, respecto del cual en julio de 2020, a apenas cuatro meses de decretado el confinamiento, Argentina gozaba de una posición de privilegio absoluto: el Hospital Militar Central de Buenos Aires albergaba el ensayo clínico de Fase 3 más grande del mundo para su vacuna, con casi 6.000 voluntarios. Como contraprestación por haber facilitado su infraestructura y su capital humano, el país tenía sobre la mesa una oferta prioritaria de 13,2 millones de dosis, con un cronograma de entregas que estipulaba los primeros desembarcos masivos para diciembre de 2020 y los primeros meses de 2021. El precio, además, era preferencial: cerca de 12 dólares por dosis.
Este valiosa herramienta para reducir la mortalidad del COVID-19 fue torpedeado por el kirchnerismo, que activó un cepo legislativo durante el tratamiento de la Ley de Vacunas (Ley 27.573).
Bajo la tutela de la entonces secretaria de Legal y Técnica de Fernández, Vilma Ibarra, y con la defensa cerril de la diputada Cecilia Moreau, la bancada oficialista introdujo una palabra que operó como barrera de contención comercial: "negligencia".
Al establecer que los laboratorios mantendrían su inmunidad jurídica excepto en casos de “negligencia”, un concepto ambiguo en la jurisprudencia argentina, el Gobierno forzó de hecho la retirada de Pfizer y aceitó el ingreso del empresario que había seleccionado: Hugo Sigman.
Mientras Moreau se embanderaba en la épica y argumentaba que aceptar las condiciones de la Pfizer implicaba "entregar los glaciares, los ríos y los lagos" o capitular ante "exigencias leoninas", la realidad extramuros exhibía otra dinámica.
Países de la región con marcos jurídicos similares como Chile, Uruguay, Brasil y Perú, firmaron los contratos con Pfizer y comenzaron a inmunizar a sus poblaciones de riesgo antes de que terminara ese fatídico 2020, mientras en el gobierno argentino trataba de tapar un bache de meses en la campaña vacunación con retórica ideológica.
El relato se desplomó estrepitosamente en julio de 2021. Agobiado por el costo político de la segunda ola y la evidencia incontrastable del éxito vacunatorio de los países vecinos, Alberto Fernández firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia para borrar la palabra "negligencia" y claudicar ante las mismas condiciones de Pfizer que un año antes consideraba coloniales.
El negocio de la triangulación local con Sigman ya no daba más de sí y el costo en vidas era insostenible.
Efecto letal
El apagón vacunatoriofue atenuado de manera deficiente con la vacuna rusa Sputnik V, cuya provisión sufrió un cuello de botella crítico, dejando a millones de ciudadanos sin la segunda dosis durante meses, y con la demorada promesa de AstraZeneca. El esquema de Sigman contemplaba producir el principio activo en el país y enviarlo a México para su envasado en el laboratorio Liomont. Pero el circuito mexicano colapsó por falta de insumos y desorganización, retrasando el regreso de las dosis más de seis meses.
Así, durante el primer semestre de 2021 la Argentina enfrentó la peor ola de contagios y muertes prácticamente a mano descubierta, mientras las heladeras que debían albergar las vacunas de Pfizer permanecían vacías por capricho regulatorio.
Los matemáticos y epidemiólogos independientes han calculado que la llegada en tiempo y forma de esos 13 millones de dosis de Pfizer entre diciembre de 2020 y abril de 2021 habría modificado drásticamente la curva de mortalidad.
Al vacunar primero a los mayores de 60 años y al personal de salud, con una eficacia superior al 90%, se habría evitado el colapso del sistema sanitario y la muerte de decenas de miles de personas que fallecieron esperando un turno que llegó tarde.
Proselitismo sanitario
A este entramado de negocios y demoras sanitarias se le sumóel uso de la estructura del Estado y del sufrimiento social como insumos electorales.
La confirmación de esta metodología no provino de la oposición, sino de las propias entrañas del gobierno de Alberto Fernández. El exministro de Economía, Martín Guzmán, rompió el silencio tiempo después con una confesión que desnudó la naturaleza del manejo de la cuarentena: las restricciones a la circulación y el confinamiento estricto se prolongaron durante 2021 por razones estrictamente electorales, y no por criterios científicos.
Según el relato de Guzmán, la extensión de las medidas restrictivas respondió a que los estrategas políticos del Gobierno consideraban que la sociedad tenía una valoración positiva de ellas, por lo que constituían un valioso activo electoral de cara a las legislativas de 2021.
El exjefe de la Palacio de Hacienda confesó que la economía fue asfixiada innecesariamente, destruyendo miles de comercios, empresas y puestos de trabajo, bajo la premisa política de que "cuidar la vida" a través del encierro masivo rendía dividendos electorales en las urnas, ignorando las advertencias técnicas sobre el daño estructural que se estaba infligiendo al tejido productivo y mental del país.
Irresponsabilidad criminal
La combinación de ambos factores dibuja un cuadro de irresponsabilidad criminal.
Por un lado, se demoró deliberadamente el ingreso de vacunas eficaces y tempranas para resguardar las terminales comerciales de un empresario afín. Por el otro, se utilizó el confinamiento de la población como un amortiguador político para estirar los tiempos electorales, destrozando la economía y la educación de una generación.
La causa de Stornelli prevé la indagatoria de 15 imputados ante los tribunales de Comodoro Py. Tras ese procedimiento, que iba a iniciarse ayer con Sigman pero se postergó, el fiscal deberá determinar los procesamientos deabuso de autoridad y negociaciones incompatibles. Entre losinvolucrados están la ex ministra de Salud Carla Vizzotti y varios funcionarios de su área.
