El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, titular del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, ordenó a PAMI y al programa Incluir Salud regularizar en un plazo de 72 horas la cadena de pagos destinada a prestaciones para personas con discapacidad.
La resolución surgió a partir de un amparo colectivo presentado por prestadores que denunciaron severos atrasos en los pagos contemplados por la ley 24.901, situación que pone en riesgo tratamientos terapéuticos, educativos y de rehabilitación.
La abogada Marta Lastra, una de las impulsoras de la acción judicial, afirmó que el fallo “tiene alcance colectivo” y alcanza a numerosas instituciones y profesionales afectados por la crisis financiera del sistema.
En la medida cautelar, el magistrado advirtió que la interrupción de las prestaciones puede provocar “retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado” por pacientes y afectar gravemente a sus familias.
Durante el proceso judicial, distintas instituciones expusieron las dificultades económicas que atraviesan por la falta de pagos. Algunas entidades denunciaron retrasos salariales, deudas previsionales y suspensión en la entrega de medicamentos esenciales.
El fallo se da además en medio del conflicto por la ley de emergencia en discapacidad, sancionada por el Congreso y posteriormente suspendida por el Ejecutivo nacional en el marco de las políticas de ajuste fiscal. n
