Busca revertir la sentencia del juez director y el veredicto de los 12 integrantes del jurado popular que la declararon culpable del asesinato de Fernando Reyes. Su cómplice también casó la sentencia.
Víctima. Reyes fue asesinado en diciembre de 2022 en La Ciénaga, Belén.
La Sala Penal de la Corte de Justicia admitió el recurso de casación presentado por la defensa de Danna Martínez, condenada a prisión perpetua por el crimen de Fernando Reyes en Belén. La decisión no implica una revisión sobre el fondo de la condena, sino que habilita a los ministros del máximo tribunal provincial a analizar los agravios planteados contra el juicio por jurados y la sentencia dictada por el juez director Fernando Esteban.
La presentación fue realizada por la abogada Silvia Barrientos, quien solicitó la absolución de Martínez por falta de pruebas o, de manera subsidiaria, la nulidad total del juicio, del veredicto y de la sentencia, con la realización de un nuevo debate ante un jurado popular distinto.
Martínez fue condenada por ““homicidio doblemente agravado por existir una relación de pareja previa y por haber sido cometido con alevosía”, y recibió la pena de prisión perpetua.
Durante el debate oral, la fiscalía sostuvo que existían pruebas testimoniales, periciales e indiciarias suficientes para acreditar la participación de los acusados en el asesinato de Reyes.
Un recurso similar también fue presentado por el abogado Víctor García, defensor de Simón Alcides Toranzo, el otro condenado a prisión perpetua por el homicidio. En ese caso, la Sala Penal aún debe resolver si el planteo reúne los requisitos de admisibilidad.
Toranzo fue sentenciado por "homicidio agravado por haber sido cometido por alevosía en calidad de coautor”, mientras que María del Valle Villagra recibió una condena de tres años y dos meses de prisión por “encubrimiento agravado”.
En su presentación, Barrientos cuestionó severamente la legalidad y validez del juicio por jurados. Uno de los principales agravios apunta al modo en que se desarrolló la deliberación del jurado popular luego de que -según sostiene la defensa-, se emitiera inicialmente un veredicto contradictorio y defectuoso.
Según el recurso de casación, luego de que el jurado emitiera un primer veredicto que la defensa calificó como contradictorio y defectuoso, el juez dispuso que los integrantes del cuerpo volvieran a deliberar.
La presentación sostiene que, durante esa instancia, el magistrado habría realizado indicaciones sobre la forma en que debían completarse las opciones del formulario de veredicto.
Para la defensa, esa situación vulneró el principio de independencia y soberanía del jurado popular y afectó la validez del veredicto condenatorio.
La casación también cuestiona la valoración de distintos testimonios incorporados durante el debate, particularmente declaraciones de imputados y allegados que -según la defensa-, habrían sido direccionadas o “guionadas” para trasladar la responsabilidad principal hacia Martínez.
Otro de los puntos centrales del recurso está vinculado a la utilización, durante los alegatos fiscales, de supuestos dichos incriminatorios atribuidos a una hija menor de la acusada sin que se hubiera realizado una Cámara Gesell.
La defensa sostuvo que esa situación impidió ejercer un adecuado control de legalidad y contradicción sobre una prueba considerada sensible.
Además, Barrientos incorporó cuestionamientos relacionados con perspectiva de género y contexto de vulnerabilidad.
Presuntamente, Martínez fue juzgada bajo estereotipos vinculados a su condición de mujer y madre, sin que se analizara adecuadamente el contexto de violencia, dependencia y sometimiento que -afirmó-, atravesaba al momento de los hechos.
