PROPUESTA. EL DIPUTADO LIBERTARIO FEDERICO LENCINA PLANTEÓ LA NECESIDAD DE PURGAR EL ESTADO DE "ÑOQUIS".
El diputado Federico Lencina, presidente de la franquicia local de La Libertad Avanza, planteó la necesidad de auditar la estructura de la administración pública para identificar a las personas “que no cumplen una función real” y avanzar en un “reordenamiento del Estado”. Es una propuesta interesante, alineada con las celebradas “ideas de la libertad” de Javier Milei, que abordaría una patología burocrática que devora millonadas del erario.
El inquieto legislador aún no ha plasmado la iniciativa en un proyecto para postularla a la consideración de sus pares. Acaso ande buscando respaldos para poder sortear la previsible reticencia que opondrá la mayoría oficialista a tamaña revolución de la cultura política, pero mientras tanto podría poner en marcha un experimento que con seguridad arrojaría elementos valiosos para enriquecer su idea: auditar la planta de personal de la Cámara de Diputados que integra para, eventualmente, purgarla de agentes “que no cumplen una función real”, vulgarmente conocidos como “ñoquis”.
Dado que la auditoría parlamentaria tendría una escala más modesta que la de la totalidad de aparato estatal, el bloque libertario podría realizarla aún sin la anuencia del resto de los diputados. Y debe destacarse una ventaja no menor en términos de costo-beneficio: con más de 3.000 empleados, el restringido ecosistema legislativo es el único enclave estatal que cuadriplicó sus planteles en los últimos 20 años y el cuarto con mayor cantidad de agentes en nómina de la Provincia, por debajo de Educación, Seguridad y Salud y por encima del Poder Judicial.
La de Catamarca es la Legislatura más voluminosa del país, mérito que permite a los catamarqueños enorgullecerse por ser los que tienen menos habitantes por legislador: uno por cada 7.500 pobladores. Los desgraciados riojanos, por ejemplo, tienen la defectuosa representación de uno por cada 11.500.
Estas cifras convierten a la Legislatura en una especie de condensación de los males administrativos que Lencina se propone erradicar, cosa que contribuirá a la calidad de la muestra para proyectarla sobre todo el elefantiásico sistema público provincial.
La suerte, aparte, está del lado del jefe libertario. Por si lo dicho fuera poco, la Cámara de Diputados quedó envuelta en los entuertos del diputado Javier Galán, investigado por quedarse con una parte de los sueldos de los empleados que hizo designar en el cuerpo y hacerlos trabajar en su “Corralón San Javier”.
O sea: el ámbito de la Cámara de Diputados no sólo es adecuado para el ensayo de auditoría por el exponencial incremento de su personal sin ningún motivo aparente, sino también por la presunta existencia de prácticas que también integran el manual de vicios tradicionales de la vituperada “casta”, como las exacciones ilegales y el peculado de servicios.
Que Lencina no haya mencionado el caso Galán al exponer su idea sobre la auditoría a los empleados públicos puede parecer raro, pero hay que tener en cuenta que tampoco Galán condesciende a desmentir que dos de los empleados que le pagaba el Estado para cumplir tareas legislativas trabajaban en su negocio particular. Hace cualquier cosa menos desacreditar semejante infamia, que parece tan fácil, y además pidió a la presidenta del cuerpo dar de baja y reemplazar a quienes lo denunciaron. Las sospechas que pesan sobre él por estos presuntos enjuagues laborales no le impiden recriminarle al Gobierno la detención de Luciana Rodríguez, una becada que reclama por su estabilidad laboral pero hasta ahora no ha denunciado que se le queden con media beca o la manden a trabajar a domicilios o negocios particulares.
Si la caridad bien entendida empieza por casa, Lencina y los libertarios tienen para hacer dulce con la Cámara de Diputados y Galán. De otro modo, cualquiera podría pensar que las purgas que proponen son selectivas.
