domingo 13 de noviembre de 2022

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Editorial

Para los pobres, ni justicia

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Un caso judicial que exhibe la perversión a la que pueden llegar algunos seres humanos en determinados contextos y bajo determinadas circunstancias conmueve a Córdoba y el país todo. Tres hombres acaban de ser imputados luego de haber violado de manera grupal a una joven de 25 años. Pero no conformes con el abuso sexual consumado, a través del cual le provocaron daños considerables en las zonas genitales, le ocasionaron gravísimas lesiones: le fracturaron la pelvis, le mutilaron la lengua, la arrastraron por el asfalto y la dejaron abandonada al costado de la ruta de circunvalación. Sin posibilidad de moverse y prácticamente agonizando, fue encontrada por un automovilista que dio aviso a las autoridades. El hecho ocurrió el pasado 18 de septiembre. La joven continúa internada y, además de las lesiones en su cuerpo, deberá recuperarse del enorme daño psicológico.

Pero no se trató de un hecho aislado. El espanto viene de mucho tiempo atrás e involucra a otros actores institucionales que, con su lamentable desempeño, propiciaron el último hecho atroz. El abogado de la víctima relató que la joven había denunciado un primer abuso sexual hace cuatro años y hace seis meses el segundo, todos perpetrados por las mismas personas. Sin embargo, los hechos nunca se investigaron. El letrado relató también que tanto la joven como su familia eran hostigadas permanentemente por estas personas, al punto que se presentaron entre 25 y 30 denuncias por robo, violencia y amenazas de muerte, que tampoco se investigaron.

Es fácil inferir que la inacción policial y judicial y consecuentemente la impunidad de los victimarios, fue el factor que contribuyó a la escalada de violencia que desembocó en el último episodio de brutalidad. Por la gravedad de este hecho y por la repercusión pública que tuvo, esta vez la Policía y la Justicia están actuando con premura para que los autores del hecho sean castigados como lo marca la ley.

¿Por qué las denuncias anteriores no fueron consideradas? Tal vez la razón sea, como suele suceder, por el origen humilde de los denunciantes. La chica y su familia provienen del campo y se radicaron en la ciudad de Córdoba hace unos años. Las presentaciones anteriores las hicieron sin abogado y no fueron escuchados. "Las políticas públicas y la Justicia fallan. No llegan a las familias de los sectores sociales, económicos y culturales desfavorecidos, vulnerables. Por milagro esta chica no está muerta", reflexionó el abogado que ahora la representa.

Aunque el daño ya está hecho, la investigación debe orientarse en dos direcciones bien concretas: hacia la determinación de los responsables del aberrante hecho y, hacia los funcionarios policiales y judiciales que desestimaron las denuncias anteriores. De fondo hay un problema estructural que resolver y que ha sido siempre un déficit gravísimo en todo el país y también en Catamarca: las enormes dificultades que tienen los sectores con mayor grado de vulnerabilidad social para acceder al servicio de justicia. En el entramado del Poder Judicial, para los pobres ni justicia, pues siempre están entre los investigados por la comisión de delitos, pero muy pocas veces entre los que merecen la protección del sistema.

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