El presidente Javier Milei está empeñado en librar una “batalla cultural” para imponer, a fuerza de vociferaciones y de decretos, una determinada visión de la realidad, la que guarda coherencia con los postulados de su gobierno.
La palabra “batalla” no es inocente: se inscribe en una concepción beligerante de la política, donde todos los que no piensan como “las fuerzas del cielo”, que encarnan desde esta óptica el bien, son enemigos irreconciliables. Por ejemplo, “los zurdos”, que encarnan, siempre desde la misma perspectiva, el mal. Entre los enemigos también se cuentan los representantes de lo que los libertarios denominan “la derecha cobarde”, que priorizan un proyecto político de corto alcance, basado en la racionalidad macroeconómica, pero que no profundizan los postulados culturales, que conformar un amplio y hegemónico sistema de ideas. El proyecto de Cambiemos en Argentina, el de Lacalle Pou en Uruguay, y el de Sebastián Piñera en Chile, serían ejemplos de “derecha cobarde”, que renunció a dar la batalla cultural.
Proponerse que las ideas que un sector político profesa sean las dominantes en una sociedad es un objetivo lógico de la actividad política. Y es inherente a las prácticas democráticas. Lo que es una deformación de las prácticas democráticas es tratar de imponer las ideas a como dé lugar, condenando al lugar del escarnio a los que piensan de manera diferente. La historia argentina ofrece abundantes ejemplos de estos intentos hegemónicos. El kirchnerismo, por ejemplo, también apeló a ese estilo confrontativo y con déficit evidente de diálogo. Pero tal vez como nunca antes, en lo que va del período democrático que arranca en 1983, luego de la dictadura más cruenta que haya vivido la Argentina, un gobierno emprende campaña tan agresiva en un intento de imponer una ideología, como sucede en la actualidad. De hecho, como se dijo, lo denomina “batalla” cultural, cuando en realidad es una disputa por el sentido.
El gobierno libertario pretende derribar un sistema de ideas construido trabajosamente que incluye numerosas normas inclusivas que reconocen derechos a sectores sociales con alta vulnerabilidad social. Es una construcción institucional surgida de profundos debates la que se intenta derribar. Por ejemplo, los avances sobre leyes que reconocen derechos a mujeres, infancias y personas de la diversidad sexual o con alguna discapacidad.
Si ese sistema de ideas construido trabajosamente, con disensos pero también con amplios consensos, no se puede modificar por vía legislativa porque el oficialismo carece de mayoría parlamentaria, Milei no tiene ningún problema en hacerlo por decreto. Se trata de un recurso concebido como una excepcionalidad pero que en el último año se aplica de una manera sistemática, generando distorsiones institucionales que se repararán más temprano que tarde, porque las transformaciones estructurales son viables únicamente si son el resultado de debates profundos y de amplios consensos, no de arrestos impulsivos surgidos en el campo de la “batalla” cultural, en la que solo pierde la República.
