Por Juan José Sánchez, miembro del Partido Solidario (PSOL) Catamarca.
Con crueldad nunca vista, pero repitiendo las recetas del pasado, el gobierno nacional interviene de facto el INTA a favor del agronegocio y la exportación de commodities y en contra de la Agricultura Familiar y la producción de alimentos. El 27 de noviembre de 2024, uno de los titulares del diario Clarín decía: “El Gobierno anunció un plan para “modernizar” el INTA: más de 200 despidos y venta de edificios y tierras”. El vocero presidencial Manuel Adornis comunicaba este proyecto y aseguraba que los objetivos de este importante organismo, “fundamental para desarrollar el campo argentino”, fueron “lamentablemente desvirtuados por la gestión anterior”. El vocero afirmó, sin ponerse colorado, que algunos de los temas a los que el INTA se ocupaba, nada tenían que ver con la productividad, como “la ideología de género, los falsos mapuches y la agricultura familiar” (sic.).
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina fue creado en 1956 con el objetivo de impulsar la innovación y el desarrollo rural. Desde sus inicios, combinó investigación científica con extensión rural, llevando conocimientos y tecnologías a productores de todo el país. Su sistema de extensión se destacó por trabajar directamente con agricultores y ganaderos, especialmente pequeños y medianos, promoviendo prácticas más eficientes y sostenibles. A través de agencias y estaciones experimentales, el INTA facilitó la transferencia de tecnología, la capacitación y el apoyo técnico, adaptándose a las necesidades de cada región.
A lo largo de los años, el INTA ha contribuido al crecimiento del sector agropecuario argentino, manteniendo un enfoque equilibrado entre investigación aplicada y vínculo con el territorio, sin perder de vista los desafíos ambientales y sociales. Hoy sigue siendo una institución clave para el desarrollo rural, aunque con limitaciones presupuestarias en algunas etapas, su labor en extensión ha dejado una marca relevante en la agricultura argentina.
Es necesario aclarar que el INTA es un organismo público descentralizado. Es un organismo estatal con autarquía operativa y financiera, pero dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El Consejo Directivo del INTA es el órgano máximo de decisión y está integrado por representantes del sector público y privado, y su objetivo es garantizar la participación del sector productivo en la toma de decisiones. El presidente y vicepresidente son designados por el Poder Ejecutivo Nacional. Incluye a entidades del sector agropecuario como la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA), entre otras. También incluye a representantes de las universidades nacionales de Veterinaria y Agronomía. Además, el INTA cuenta con 15 Centros Regionales (que poseen sus respectivos consejos, integrados por representantes de los productores regionales y provinciales) de los cuales dependen 52 Estaciones Experimentales Agropecuarias y 350 agencias y/o unidades de extensión, de gran cobertura nacional. Posee además 6 centros y 22 institutos de investigación.
La reestructuración del INTA impulsada por el actual gobierno, que fue aprobada por el Consejo Directivo del organismo y presentada como una "modernización" para hacerlo más "eficiente", propone lo siguiente:
Reducción de Centros Regionales: se pasará de 15 centros regionales a 5 grandes unidades (NEA, NOA, Cuyo, Pampeana y Patagonia), eliminando estructuras intermedias. El argumento oficial es evitar "duplicidades" y optimizar recursos, pero sin duda, debilitará la presencia territorial.
Recorte de personal: se prevé retiros voluntarios (con indemnizaciones) para reducir planta permanente. Preocupa la pérdida de técnicos especializados y extensionistas con experiencia en terreno que desarrollaron sus capacidades en la misma institución, significando una pérdida de capacidad operativa para el INTA.
Cambios en investigación y extensión: se priorizarán proyectos "estratégicos" vinculados al sector exportador, como las “Agtech” (o agrotecnología, es la aplicación de tecnologías digitales en la agricultura), y biocombustibles .Organizaciones rurales temen que se descuide la agricultura familiar (las declaraciones del vocero, confesión de parte, no dejan dudas) y la adaptación al cambio climático.
El oficialismo libertario lo llama "modernización para agilizar gestión" y ajustar el INTA a "nuevos desafíos tecnológicos". Sin embargo, otras voces denuncian que es un ajuste encubierto (abandono estatal), con riesgo de perder capacidades técnicas y cercanía con pequeños productores. Otras como algunas provinciasrechazan el recorte de centros regionales por su impacto local.
La medida se enmarca en el DNU 70/2023 (reforma del Estado) y el intento de reducir gastos. El INTA ya venía con subejecución presupuestaria, pero esta reestructuración profundiza el cambio de modelo.
Avanzar para atrás
A lo largo de su historia, el INTA ha enfrentado varios intentos de reformas estructurales, generalmente vinculados a cambios de gobierno, ajustes económicos o reorientaciones ideológicas:
• En los 90, bajo la segunda ola neoliberal (Menem-Cavallo), se impulsó un modelo de autofinanciamiento, obligando al INTA a buscar fondos privados (convenios con empresas). Se recortaron programas sociales que tuvieron que reestructurarse y cofinanciarse con programas de desarrollo social y recursos de la cooperación internacional. Y se priorizó la investigación para el agronegocio exportador (soja, trigo) sobre agricultura familiar. Se dio una descentralización parcial: Algunas estaciones experimentales tuvieron que asociarse con gobiernos provinciales o universidades para sobrevivir. Así el INTA perdió parte de su enfoque territorial, pero el INTA logró mantener su base técnica y de extensión. Ese mismo periodo termina con la crisis 2001-2002, y con la resistencia y final recuperación del rol socioeconómico del desarrollo científico tecnológico. Tras el colapso económico, el INTA (como todo el Estado) sufrió recortes salariales y presupuestarios, que se revirtieron en los periodos siguientes (2003 – 2015): se reforzó la extensión con programas como ProHuerta (junto con el Ministerio de Desarrollo Social) y mayor inversión en tecnología para pequeños productores. Se jerarquizó el Programa Social Agropecuario, pasando a Subsecretaría de Agricultura Familiar.
• Con el gobierno de Mauricio Macri (tercera ola neoliberal, 2015-2019), vuelve el ajuste y la recentralización del INTA. El INTA perdió un 30% de su poder adquisitivo por inflación y congelamiento de partidas. Y el gobierno intentó algunas alocadas reformas: se propuso fusionar el INTA con el INTI (Industria), pero hubo resistencia interna y políticas. Se priorizó la vinculación con el sector privado (ej. acuerdos con Monsanto/Bayer en transgénicos).No pudieron imponer una reestructuración profunda, pero sí un debilitamiento institucional.
De estos experimentos anteriores, se perciben algunas similitudes. Principalmente en la reducción de estructura, como en los '90, se apunta a "eficientizar" (recortar) centros regionales. Y el enfoque general en agronegocio, dando prioridad a proyectos vinculados a la exportación (como bajo Menem y Macri).
Pero también encontramos algunas diferencias: la actual reforma es más abrupta (cierre directo de centros, no solo recortes graduales); el discurso oficial habla de "modernización", pero sin claridad en cómo se compensará la pérdida de extensión rural.
El INTA siempre fue un campo de batalla político. Para algunos alineados con la necesidad de un desarrollo humano integral, el INTA es una fenomenal herramienta de desarrollo inclusivo. Para otros, el INTA debe ser el brazo técnico del agronegocio, recortando su rol social .La reforma actual repite patrones históricos, pero con mayor velocidad y menos diálogo con la comunidad científica y productores.
El gobierno nacional y la necesidad de hacer caja
Un punto importante y clarificador, es el tema de las tierras y las propiedades del INTA. En efecto, el proyecto “modernizador” esconde un fabuloso negocio que se calcula en más de cien mil hectáreas. Esos campos y otras importantes propiedades, serán enajenadas y pasarán a mano de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), una medida impulsada por el gobierno actual como parte de su política de "racionalización del Estado". Están en juego: Más de 100.000 hectáreas en todo el país (Estaciones Experimentales; campos de investigación; edificios de extensión rural y oficinas técnicas. Según resoluciones oficiales (2024), se identificaron inmuebles "subutilizados" que pasarían a la AABE para su "revalorización" (venta, alquiler o cesión a privados). Además de la pérdida de capacidad operativa que esto representa para el INTA, está la sospecha de una privatización encubierta, y en muchos casos a precio vil (la AABE ya ha transferido bienes públicos a privados en otros sectores, por ejemplo, ex Tierras Fiscales en Patagonia).
El argumento central siempre hace foco en la rentabilidad, a favor del campo que explota y exporta y en desmedro de la ciencia y el desarrollo del campo que alimenta. Es decir, se prioriza el valor de la rentapor sobre la función social del INTA. Además, en las formas se cuestiona la falta de transparencia: no hay un listado público detallado de los inmuebles afectados ni consulta a comunidades locales y científicas. Este proceso está en marcha y existen resistencias, expresadas en acciones judiciales y resistencia de la comunidad agropecuaria. Si se concreta, marcaría un cambio histórico en el modelo de gestión del INTA, pasando de un enfoque público-científico-comunitario, a uno más mercantilizado.
¿Y qué pasa con las tierras del INTA en Catamarca?
En el año 2021, un proyecto en el Senado de la Nación causó revuelo en la comunidad vinculada a la producción y el desarrollo agropecuario en Catamarca: Transferir 300 hectáreas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Catamarca, en el departamento de Valle Viejo, al gobierno provincial, para destinarlas a un "polo logístico y agroindustrial" privado. El proyecto afirmaba que las tierras estaban "subutilizadas" y que el proyecto generaría empleo.El INTA usaba esos terrenos para investigación en vid, olivo y caprinos. Los funcionarios, empleados y los dirigentes rurales, defendieron esas tierras argumentando su valor estratégico para la investigación en zonas áridas y la adaptación al cambio climático.
Se señaló en el proyecto, que beneficiaría a empresas vitivinícolas y agroexportadoras. En ese momento, la Sociedad Rural de Catamarca apoyó la iniciativa, mientras que organizaciones de productores familiares, pequeños productores, técnicos y funcionarios del INTA la rechazaron. El proyecto no avanzó,quedó en suspenso por cambios políticos y la resistencia de la comunidad del INTA. Aparentemente el gobierno provincial insiste en "reactivar" la idea, ahora bajo el paraguas de la reforma del INTA y la AABE.
La lucha entre un INTA para el campo que alimenta vs. el campo que expulsa y exporta
La semana pasada el secretario general de APINTA (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Mario Romero, comunicaba que el día martes 15 pasado, el Consejo Directivo en reunión extraordinaria, con el rechazo de dos votos y una ausencia, ratificaron la reforma de la estructura del INTA, sus atribuciones y su línea de mando. En declaraciones periodísticas Romero dijo: “Tenemos gente que viene de la pampa húmeda y quieren un INTA para la pampa húmeda. Estamos en problemas serios” (…) “Esta gente viene a destruir el organismo, los tres representantes del Poder Ejecutivo. Vienen a hacer negocios. Vienen por los trabajadores y el cierre de la extensión”. A partir de esto, APINTA convoca a una movilización el próximo 24 de abril, durante la próxima reunión ordinaria del Consejo Directivo. Mientras tanto, la Mesa Federal de Ciencia y Tecnología, denuncia: “Esto no es más que una intervención encubierta para avanzar con las reformas que el gobierno de Milei, sus socios y cómplices pretenden para el Organismo: despidos de personal y venta de tierras y edificios que llevaría a la destrucción del INTA”.
Las personas que hoy conforman el Consejo Directivo, entre otras, son: Nicolás Bronzovich y María Beatriz Giraudo por AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa); Juan Manuel Bautista por SOCIEDAD RURAL; Sergio Melgarejo por CREA(Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola); Alejandro Conci por AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola); Mariano Nicolás Carlino por CONINAGRO (Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada); Gustavo Tettamanti por la FAA (Federación Agraria Argentina); Jorge Omar Dutto por la Facultad de Agronomía (UNC); y Carlos Vera Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. El proyecto cierra todas las Agencias de Extensión; se cerrarán todo los Institutos de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF); se reducirá el personal de los Centros Regionales, que además se reducirán de 15 a 5. Se calcula que entre despidos, pase a disponibilidad y retiros voluntarios, la cuenta final superaría los 1.500 trabajadoras y trabajadores en su mayoría, altamente calificados.
La crueldad es siempre la negación violenta de la existencia del otro, de la otra. La negación de la existencia libre, soberana, digna. En la reestructuración prevista para el INTA se manifiesta esa crueldad desde los miembros de las organizaciones gremiales empresariales (la plutocracia del gobierno de Milei), ejercida en la negación de un sistema de vida, de una estrategia de vida, de un modelo de producción que no sólo es digno porque genera trabajo digno con muy bajocapital, sino que además produce alimentos en forma eficiente y próxima a las grandes ciudades, y sostiene agroambientes regenerando sus condiciones biológicas. El campo que explota y exporta vs. el campo que alimenta y cuida.
