El plan de desmantelamiento libertario al organismo científico sin embargo está obturado por la antigüedad de los empleados no permanentes. Argentina, a un paso de perder científicos, especialistas y técnicos irreemplazables.
A dos semanas de habilitado el nuevo esquema de retiros voluntarios en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ya se anotaron alrededor de 420 trabajadores en un programa impulsado por el Gobierno en medio del plan de desamantelamiento libertario al organismo. La cifra quedó por debajo de la meta oficial y encendió alertas internas sobre el alcance real del ajuste.
La ventana para adherirse abrió el 4 de mayo y seguirá vigente hasta el 15 de junio. La expectativa oficial es alcanzar unas 1200 desvinculaciones, equivalentes al 21% del personal. Pero distintas fuentes señalan que muchos trabajadores están frenados por un punto clave: el reconocimiento de los años trabajados como planta no permanente.
En el Gobierno existe preocupación por no llegar a esa cifra por lo que comenzaron a evaluar un escenario alternativo que incluiría el pase de personal a disponibilidad, una herramienta prevista para reorganizaciones estatales. Internamente advierten que eso podría derivar en un conflicto abierto con los empleados.
En paralelo, trascendió que la Fundación ArgenINTA podría intervenir para cubrir el costo vinculado a trabajadores de planta no permanente, aunque aclararon que el tema sigue bajo análisis. De acuerdo con fuentes cercanas a las conversaciones, el presupuesto evaluado rondaría los $2000 millones para reconocer esos años de servicio.
ArgenINTA actúa como Unidad de Vinculación Tecnológica y administra proyectos financiados por organismos internacionales, empresas y entidades públicas. La unidad trabaja en desarrollo territorial, seguridad alimentaria, productividad y mejoramiento de los sistemas socioproductivos locales.
