Por Enrique "Quique" Giménez (*)- Especial para El Ancasti
Hay silencios que son elocuentes. El pacto firmado en la Casita de Tucumán el nueve de julio tiene entre sus contenidos una mención relacionada con la cuestión educativa. Es el punto tres, donde postula: “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono”. La redacción del apartado es muy potente no tanto en la selección de los términos explícitos como en el abandono de vocablos que hasta ahora definen el sentido de la educación.
Se entiende, en el marco de las condiciones políticas de producción del enunciado y en su articulación los otros nueve puntos del pacto, que lo redactado expresa la pretensión hegemónica del nuevo consenso liberal libertario y que, junto a otros mandatarios, nuestro gobernador apuntala con su firma.
En lo explícito el artículo menciona los niveles obligatorios, el problema de la alfabetización y las dificultades de las trayectorias estudiantiles. No hay mención de la obligatoriedad, de la educación como un derecho, ni del carácter público de la educación, y excluye a la educación superior y las modalidades educativas. Tampoco refiere a la “calidad” y “equidad”. Son términos comunes al diccionario de las políticas y problemáticas de la educación tanto nacional como internacional, expuestos en múltiples acuerdos asentados en organismos internacionales. El abandono de esos términos críticos indican por si mismo la actitud con la que el consenso promovido por Milei asume la cuestión.
Tanto la Constitución Nacional como las declaraciones de organismos internacionales que firman los estados nacionales exponen como un derecho humano recibir una educación de calidad y contar con oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos y todas. Ocultar que estamos hablando de un derecho en un acta que pretende ser fundacional parece una omisión bastante elocuente.
La ley Nacional vigente desde 2006 es enfática en declarar que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”, en tanto mantiene la responsabilidad indelegable compartida con las jurisdicciones provinciales de garantizar “la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio del derecho”.
Si hay un retorno menemista en las pretensiones libertarias, como se dice, recordemos que para la Ley Federal que regía en los noventa, el estado nacional tenia responsabilidad “de fijar y controlar el cumplimiento de la política educativa” y solamente se exige que garantice el acceso a la educación “mediante la creación, sostenimiento, autorización y supervisión de los servicios necesarios”.
Estas sutilezas discursivas no son menores en cuanto al impacto que puedan tener en las decisiones que se adopten. Lo central en el debate actual, como lo fue en los 90, es la consideración de la educación como un derecho o como una mercancía. Las oportunidades que abre la legislación para entenderla de una u otra manera tiene directa implicancia en el perfil que adopta el sistema y las decisiones que se toman para orientarlo. La vigente ley 26206 prohíbe al estado nacional “suscribir convenios bilaterales o multilaterales que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública”.
El consejo de mayo que se está conformando para hacer operativo el pacto, ¿considerará a la educación gratuita y de calidad como un derecho que los gobiernos deben garantizar?; ¿qué lugar le asignará a la educación superior y a las modalidades educativas?; ¿considerará obligatoria la escolarización en los niveles inicial, primario y secundario?; ¿considerará el carácter público y la obligación estatal de brindar a la ciudadanía oportunidades de aprendizaje y conocimiento para toda la vida?. En lo firmado, indicios para esto brillan por su ausencia.
Y Milei ha dicho en campaña quela justicia social es aberrante y que los derechos son una inmoralidad. ¿Cómo trasladará este pensamiento a la educación de niños, jóvenes y adultos?.
(*) Doctor en Ciencias Sociales; Especialista egresado del IIPE UNESCO; ex subsecretario de Planeamiento Educativo
