El logro del colectivo feminista de hacer visible la violencia machista como consecuencia de la vigencia de una sociedad patriarcal tal vez deba ser considerado como un modelo a seguir para instalar también en el centro del debate público el fenómeno de la violencia que afecta cotidianamente a otro sector más vulnerable aún que el de las mujeres. Nos referimos a la violencia contra los niños y adolescentes, que tiene mucho menos presencia en los medios de comunicación, probablemente porque la voz de las pequeñas víctimas de este flagelo es ignorada permanentemente.
En este contexto de indiferencia casi generalizada, debe destacarse la labor que desarrolla en todo el mundo Unicef, un organismo de las Naciones Unidas que tiene como misión promover la protección de los derechos del niño, de ayudar a satisfacer sus necesidades básicas y de aumentar las oportunidades que se les ofrecen para que alcancen plenamente sus potencialidades.
El viernes, la delegación argentina de Unicef emitió un documento en el que condena los casos de uso de fuerza letal contra niños, niñas y adolescentes por parte de las fuerzas de seguridad. En el mismo escrito, solicita el organismo que “se adopten medidas concretas para erradicar el uso desproporcionado de la policía” hacia la infancia.
La declaración se relaciona con el caso del asesinato por parte de efectivos policiales de la provincia de Tucumán de Facundo Ferreira, un niño de 12 años que fue considerado “sospechoso” de algún delito. Los uniformados le dieron un tiro en la nuca mientras circulaba como acompañante en una motocicleta.
Este grave caso de violencia institucional fue, sin embargo, otra vez justificado por el Gobierno nacional en el marco de lo que se ha dado en llamar la “doctrina Chocobar”, que no solo consiente, sino que en la práctica alienta la ejecución de personas sospechadas de haber cometido algún delito en la vía pública, no importa si es por la espalda o tiene 12 años.
En este contexto debe inscribirse también el asesinato de un adolescente, por parte de un grupo de vecinos de la provincia de San Juan, que había robado un celular. Para estos energúmenos, la propiedad privada tiene más valor que la vida.
Desde el aval presidencial al policía Chocobar, que mató por la espalda a un delincuente que huía luego de haber atacado a un turista extranjero, se incrementaron notablemente los casos de gatillo fácil. Por suerte, pese a la presión sin disimulo del Gobierno nacional, la Justicia entiende con criterio lógico y ajustado a derecho que estos casos constituyen, prima facie, un delito grave, y que sus autores deben ser juzgados. Todos los policías que cometieron estos crímenes están imputados en las causas abiertas al respecto, incluso los policías que asesinaron al niño tucumano.
Los crímenes de niños son los casos más extremos de violencia infantil, como los de femicidios respecto de la violencia machista, pero los niños y niñas son cada día víctimas de abusos y maltratos que es preciso frenar. Para ello el Estado debe generar políticas efectivas para la prevención de la violencia infantil y dejar de emitir mensajes que alienten a los propios agentes públicos a cometerla.
