El enfriamiento de la economía está preanunciando problemas fiscales preocupantes para las provincias. La alarma es aún mayor en jurisdicciones como la nuestra, que dependen mes a mes de los envíos coparticipables más que otras que tienen un sector privado con mayor grado de desarrollo.
Mientras el INDEC confirma oficialmente el estado recesivo de la economía, un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal señala que la recaudación tributaria nacional totalizó $174.597 millones en el mes de junio de 2016. Esto representa un crecimiento interanual del 24%.
El crecimiento de la recaudación ha sido el mes pasado muy inferior al de la inflación anual, que supera levemente el 45% de acuerdo con lo informado por las consultoras que se encargan de hacer estas mediciones desde hace años.
No es un dato que pueda pasar inadvertido para las provincias. Muchos de los impuestos están contenidos en el cálculo de la recaudación que se coparticipa. De modo que si la recaudación crece a ritmos muy inferiores a la evolución del índice de precios, está claro que la capacidad financiera de los distritos se ve reducida sensiblemente.
Otra consultora, Economía y Regiones, señala que el mes pasado las transferencias automáticas por coparticipación a las provincias se incrementó en junio alrededor del 25%. La cifra se eleva al 33,7% si se considera el efecto del cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de la Nación y del aumento del coeficiente de participación de la Ciudad de Buenos Aires.
Otro dato preocupante es la significativa disminución de las partidas del Fondo Federal Solidario, destinadas a provincias y municipios para la realización de obras de infraestructura pública. En junio de este año tuvieron una merma del 45,3% respecto de junio del año pasado, y de 39,6% respecto de mayo.
Deberá recordarse que el Fondo Federal Solidario se constituye con un porcentaje de lo que el Estado nacional recauda en concepto de retenciones a la soja. La política de baja de retenciones implementada por el gobierno desde diciembre termina repercutiendo negativamente en la disponibilidad de dinero para reactivar las obras públicas en las distintas jurisdicciones.
Hay otras amenazas para la sustentabilidad fiscal de las provincias. La ley de fomentos de las Pequeñas y Medianas Empresas aprobada días pasados prevé beneficios fiscales, lo que implica necesariamente menor recaudación y coparticipación para las provincias. Se trata de una herramienta legislativa que mereció el apoyo casi unánime, pero como se puede entender tiene un costo fiscal que comparten el Estado nacional y las jurisdicciones.
Si bien la situación general de las provincias dista mucho de la que reinaba durante la crisis de 2001 y 2002, los nubarrones que se ciernen sobre las economías de los estados subnacionales, ante la ausencia de las inversiones extranjeras prometidas, obligan al gobierno nacional a pensar en políticas activas que reactiven la economía y eviten que, otra vez, las provincias se tornes inviables.
