Peter Thiel o el laberinto de la inflación normativa

¿Tiene sentido impulsar el endurecimiento de una norma que ya existe, de uso exiguo y que puede desalentar verdaderas denuncias?

Lo que propone es redundante, porque la figura de falsas denuncias ya existe en el universo jurídico. Frente a esto, el sector que se opone sostiene que la cantidad de casos no representa un número que amerite endurecer la norma preexistente.

El aporte de Losada es elevar la pena de 3 a entre 6 y 8 años de prisión, lo que implica la posibilidad de ir a la cárcel. Pero contempla solo un grupo de categorías específicas: “falso testimonio”, “falsa denuncia” y “encubrimiento” en causas vinculadas a “violencia de género”, “delitos sexuales” y cuyas víctimas sean “niñas, niños y adolescentes”.

En las últimas semanas, se conoció que personas vinculadas a condenados por delitos de estas características estarían detrás de este fogoneo discrecional ¿Cuál será el real fetiche de Losada? ¿Por qué su proyecto se ensaña solo con los delitos sexuales y no abarca todo el universo de falsas denuncias?

Este tipo de delitos, sobre todo cuando son perpetrados en el seno intrafamiliar, son hechos difíciles de probar, debido a una serie de elementos emocionales, de procedimiento, y estructurales.

Suelen cometerse en la intimidad del hogar, sin testigos presenciales. El agresor puede así ejercer fuerte control sobre la víctima y dificultar el acceso a pruebas. Las víctimas a menudo retiran la denuncia por presión familiar, miedos, vínculos afectivos y hasta dependencia económica.

Por otra parte, a pesar de que existen herramientas como la Cámara Gesell, el relato de la víctima tiene que ser coherente y sostenido en el tiempo, aunque los especialistas reconocen que el inconsciente esconde los hechos traumáticos. En el ámbito jurídico se le llama “prueba difícil”.

La escena del crimen es el cuerpo

En este contexto, lo que promueve la senadora Losada es perverso, porque agrega a los numerosos elementos disuasorios para denunciar delitos sexuales la posibilidad del cumplimiento de una condena efectiva, mientras que para cualquier otro delito la pena continúa siendo de cumplimiento condicional.

En un sistema jurídico que revictimiza a las personas que sufren este tipo de abusos desde que realizan la primera declaración en una comisaría ¿a quiénes ayuda y a quiénes perjudica realmente la ley que promueve la senadora Losada?

En una de sus intervenciones mediáticas, la legisladora mencionó entre sus argumentos: “Tengo amigos que trabajan en multinacionales que me dicen que, entre tener a un hombre y a una mujer, si la mujer es joven y encima está buena, prefiero que sea un hombre”. Concurso real de prejuicios y discriminación. En otra aparición admitió que “hay estimaciones, pero no hay datos reales”.

Sin embargo, datos del Consejo de la Magistratura de 2025 indican que no existe un número significativo de presentaciones por falsas denuncias registrado. En Argentina, el porcentaje se estima entre un 3% y la mayor parte de los casos están vinculados a delitos económicos.

Aún así, lo que acota la senadora Losada no es del todo inexacto. La mayor parte de los datos sobre violencias en el país son elaborados por organizaciones independientes. La mayoría de los estamentos del Estado no cuentan con observatorios de género ni de infancias. El mismo Estado que hoy recorta presupuesto y elimina estructuras para prevenir violencias y contener a las víctimas, es el que quiere agravar las condiciones de quienes se animan a denunciar.

Es difícil entender bajo qué argumento sus propulsores atizan una ley que indefectiblemente desalienta la denuncia de un real problema como son los abusos sobre las infancias, adolescencias y mujeres. Una realidad estructural de nuestra cultura.

Un relevamiento de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de 2023/2024, señala que el 90 por ciento de las víctimas de violencia sexual fueron mujeres, y el 40 por ciento pertenecen al grupo niñas, niños y adolescentes.

Los riesgos indicados por el Equipo Latinoamericano sobre Justicia y Género sobre este proyecto son el refuerzo de prejuicios sobre el hecho de denunciar, la intimidación a las víctimas, la posibilidad de desalentar las denuncias y el uso del derecho como herramienta de disuasión, entre otros.

Con el acompañamiento de las organizaciones que trabajan en cuidado de estos grupos, y gracias a la Educación Sexual Integral, en los últimos años más personas se animaron a denunciar hechos de abuso. Sin embargo, según el Ministerio de Seguridad de la Nación “los delitos contra la integridad sexual tienen un alto nivel de subregistro”.

Quienes promueven esta modificación son parte de un sector que llegó al Estado prometiendo la disolución del Estado. Un anarco capitalismo que no cesa de usar las herramientas del sistema que quiere vaciar, en este caso, el ordenamiento jurídico.

¿Les importa a los que infaman la existencia del Estado regulador leyes de tal índole, o aprovechan la fractura social en este y otros temas para tapar el laberinto de otros escándalos?

De la inflación a Libra, o los vuelos pagos de la casta Milei, no hay que olvidar que, de un laberinto, solo se sale volando.

¿Y Peter Thiel?

Lectura recomendada: “Los dos reyes y los dos laberintos”, un cuento de Jorge Luis Borges.