Inocua. La "ley antiplus" se sancionó en 2018 y no tuvo ningún efecto disuasivo sobre la corporación médica.
Tras conseguir que los pacientes incorporen el pago del “plus” sobre el precio de las órdenes de las obras sociales, la corporación médica avanza para arraigar en los usos y costumbres otro adicional por sus indispensables servicios con los denominados “sobreturnos”.
Se trata de una astuta estratagema para exprimir al cliente urgido o ansioso, que consiste en asignar turnos en fechas remotas, para proceder a acercarlos incluso hasta la inmediatez si el chorlito se allana a abonar una suma extra. El ingenioso dispositivo le permite al galeno embuchar orden, plus y sobreplus a través de la manipulación de una agenda que los pacientes desconocen, pero se postula siempre como muy ajustada.
Esperas de semanas o meses para ser atendidos pueden evitarse con solo pagar, hecho lo cual los consultorios se tornan tan accesibles como la cueva de Alí Babá después de pronunciar el “Ábrete, sésamo”. La práctica no es todavía tan generalizada como el “plus”, que se cobra a cara descubierta en todos los hospitales y clínicas a pesar de que es ilegal sin que a nadie se le mueva un pelo, pero comienza a extenderse.
Si no ha ocurrido ya, no ha de estar lejos el momento de que se establezcan tarifas diferenciadas: tanto por consulta inmediata, tanto dentro de un mes, sin “sobreplus” cuando el funcionariato abdique de viáticos y otras gangas. Cada cual sabrá cuánto puede aguantarle su apendicitis a puro té de boldo.
Estas taimadas maniobras a costa del bolsillo de personas que asisten preocupadas o angustiadas por su salud o la de sus seres queridos, se desarrollan en nosocomios atestados y de arquitectura laberíntica, adecuadas para hartar los espíritus más templados.
Incluso cuando ya tienen turno asignado, la mayoría de los pacientes tienen que esperar a veces durante horas para que los atiendan, en condiciones harto incómodas, en ocasiones hacinados en estrechos pasillos junto a otros desgraciados, atentos a las sillas que se desocupan para adelantarse a apoderarse de ellas, cogoteando para tratar de averiguar en qué anda el profesional de la salud que les ha tocado en suerte.
Si se considera lo exitoso que ha sido el proceso de naturalización del “plus”, la vigencia del “sobreplus” está garantizada. Después de ardorosas polémicas, la Legislatura sancionó en 2018 la “ley Antiplus” y el Gobierno la promulgó al año siguiente. El trámite parlamentario se desplegó muy enrevesado, encuadrado en fuertes críticas hacia la corporación médica de diferentes sectores.
Las controversias terminaron cuando un legislador –nunca se reveló si era médico- advirtió que el “plus” era de por sí ilegal, de modo que sacar una ley prohibiéndolo era tan absurdo como hacer una ley antirrobo.
A partir de tan sagaz se avanzó hacia a la conclusión lógica: como la ley no iba a hacer al “plus” más ilegal de lo que ya era, lo más conveniente era darle el gusto al tontaje, aprobarla y seguir cobrando sin problemas.
Certera estrategia. La norma lleva siete años de vigencia y no sólo no han trascendido casos de transgresión, sino que ha surgido el “sobreplus”.
Es como si la ley hubiera estimulado la imaginación de corporación médica para pergeñar nuevos mecanismos fenicios, así que no parece conveniente promover debates sobre nuevas normativas tendientes a sancionarlos.
Al final, “plus” y “sobreplus” comparten la ventaja de ser ilícitos. No se facturan y, por consiguiente, tampoco se pagan impuestos sobre ellos.
Todo en negro, no vaya a ser que a algún inoportuno se le ocurra blanquearlos y termine con tan suculento negocio.
