En un mundo interconectado, donde las enfermedades ya no reconocen fronteras ni soberanías, la noticia de un presunto brote de hantavirus en un crucero que zarpó desde la Argentina debería, además de encender las alarmas sanitarias, activar la memoria reciente de los errores que no conviene repetir. La experiencia de la pandemia de COVID-19 demostró con crudeza que la improvisación, el aislamiento y la subestimación del riesgo pueden tener consecuencias devastadoras.
El hantavirus constituye una amenaza concreta en el territorio argentino. Transmitido principalmente por roedores y con una tasa de letalidad que puede alcanzar niveles alarmantes, el virus encuentra condiciones propicias para su expansión en contextos de deterioro ambiental, cambios climáticos y precariedad en las condiciones de vida.
En este contexto, la confirmación de casos sospechosos y muertes en una embarcación internacional que partió desde Ushuaia introduce un elemento adicional de preocupación: la dimensión global del riesgo. Los virus viajan hoy con la misma facilidad que las personas, y su contención depende, en gran medida, de la coordinación entre países y organismos multilaterales. Es precisamente allí donde el rol de la Organización Mundial de la Salud se vuelve insustituible. La OMS actúa como centro de información y monitoreo epidemiológico, articula respuestas conjuntas, facilita recursos y establece protocolos que permiten contener brotes antes de que se conviertan en crisis sanitarias.
Resulta, por ello, difícil de comprender la decisión del gobierno de Javier Milei de retirar a la Argentina de ese organismo. La medida, adoptada sin un debate público serio ni argumentos técnicos consistentes, parece inscribirse más en una lógica de alineamientos ideológicos que en una evaluación racional de los intereses sanitarios del país. Seguir de manera acrítica ciertas posturas de política internacional, en sintonía con decisiones impulsadas por Estados Unidos e Israel, implica desconocer las particularidades y necesidades propias de la Argentina.
Entre las consecuencias de ese alejamiento deben mencionarse un acceso más limitado a información estratégica, a programas de cooperación técnica y a mecanismos de financiamiento destinados a la prevención y el control de enfermedades. También suponen un debilitamiento del sistema científico nacional, que pierde canales de integración con la comunidad internacional.
Es preciso que la Argentina reoriente su política sanitaria hacia la prevención. Esto implica invertir en investigación, fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, mejorar las condiciones ambientales y promover campañas de concientización que reduzcan el riesgo de contagio. Pero también requiere recuperar los vínculos con los organismos internacionales que han demostrado su utilidad en momentos críticos.
La Organización Mundial de la Salud, con todas sus limitaciones, desempeñó un papel central durante la pandemia de COVID-19, coordinando esfuerzos, distribuyendo información clave y facilitando el acceso a insumos esenciales. Renunciar a ese respaldo en nombre de una supuesta independencia es imprudente e irresponsable. Es que, frente a la amenaza silenciosa del hantavirus, la Argentina no puede darse el lujo de actuar en soledad.n
