La medida fue oficializada por resolución y apunta al personal permanente, con adhesión abierta hasta fin de mayo.
El Gobierno activó un nuevo plan de retiro voluntario en el Estado, destinado al personal de planta permanente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), mediante la Resolución 144/2026 publicada este jueves en el Boletín Oficial.
La medida se da con el fin de continuar reduciendo la planta estatal, en el marco de las políticas de modernización y eficiencia del gasto público que viene implementando la administración de Javier Milei.
El Consejo Directivo del organismo aprobó formalmente el Sistema de Retiro Voluntario 2026 para los trabajadores de carrera del ente, siguiendo el camino dispuesto previamente para los empleados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
En este caso, el periodo de adhesión está habilitado desde el pasado 4 de mayo hasta el 31 del mismo mes, pudiendo extenderse de manera excepcional por 15 días corridos, según especificó la normativa analizada por la Agencia Noticias Argentinas.
El programa se encuadra en las facultades otorgadas por el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial (Decreto 127/06) y el General para la Administración Pública (Decreto 214/06), que establece el retiro voluntario como una de las causales de extinción de la relación de empleo.
A diferencia de otros regímenes anteriores, la Coordinación Nacional de Recursos Humanos estipuló que el criterio exclusivo para el cálculo del beneficio será la antigüedad en planta permanente, que debe ser de por lo menos tres años.
Para la estimación de los costos, la Gerencia de Liquidación de Haberes tomó como base los salarios de enero de 2026 y la antigüedad computada al 31 de marzo. En el cálculo también se contempla la última actualización salarial.
Al respecto, el texto oficial detalló que se incorpora “el impacto de los incrementos salariales acordados para el período enero–mayo de 2026, los cuales representan un incremento acumulado del 10,30% sobre la base salarial de referencia”.
La resolución delega en la Dirección General de Administración la facultad de emitir los actos administrativos que aprueben o rechacen las solicitudes de adhesión. Los agentes deberán canalizar su voluntad a través de los canales digitales y administrativos del organismo.
Entre los parámetros y condiciones que regirán para acceder al retiro se determinó que quedan excluidos quienes estén procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los involucrados en procedimientos disciplinarios, quienes hayan iniciado trámite jubilatorio o presentado su renuncia, quienes superen los 65 años y quienes tengan litigios laborales pendientes.
El personal que acceda al retiro recibirá una gratificación extraordinaria única de egreso, de 1,5 veces la remuneración bruta mensual, normal, regular, habitual y permanente, por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, computada al 31 de mayo de 2026.
El cálculo varía según la edad del agente. Hasta los 60 años se aplica la fórmula base sin restricción. Entre los 61 y los 63 años rige un tope de 24 haberes brutos, mientras que a partir de los 64, el tope se reduce a 12 haberes brutos.
La gratificación se abonará en una cuota de pago único, dentro de los 30 días de la fecha de cese, de conformidad con la normativa fiscal y previsional vigente.
