La institución, tras los hechos de público conocimiento, resolvió la desvinculación de la alumna que contó en redes sociales la agresión a su compañera.
Decisión judicial. Aún restaría definir si la magistrada es competente para resolver el amparo.
La jueza de Control de Garantías de Segunda Nominación Cecilia Mas Saadi resultó elegida para resolver el recurso de amparo que presentó la estudiante del Colegio Pía Didoménico expulsada, en el tramo final del ciclo lectivo 2026. Fuentes consultadas adelantaron que aún resta definir si la magistrada sorteada es competente en esta materia.
La alumna se encuentra con una denuncia penal, en el marco de un caso de bullying. A través de un “story time”, contó cómo había humillado a una compañera durante el viaje de egresados, en Bariloche. En su relato, dejó en claro cómo fue la agresión, el daño que le estaba produciendo a su compañera y cómo lo estaba disfrutando.
La difusión del video puso en evidencia un hostigamiento sistemático que se desarrolló durante varios meses y por el que se inició otra causa penal en el Fuero Penal Juvenil. Tres compañeros fueron imputados por difundir material de la intimidad de la chica hostigada. Por la reciente agresión a través del "story time" de redes sociales, la estudiante fue denunciada en la Fiscalía de Instrucción de Séptima Nominación con competencia en ciberdelitos.
Por otro andarivel, se tramitó la sanción administrativa. Las autoridades del Colegio Pía Didoménico resolvieron la “reubicación” en otro establecimiento de la alumna denunciada. La decisión de la institución se había notificado el lunes a sus padres. No obstante, la estudiante, representada por el abogado del foro local Marcos Denett presentó un recurso de amparo.
La estudiante alegó, en su defensa, que ya es mayor de edad y que nadie le dio la posibilidad de defenderse. “La decisión se gestó en reuniones en las que no participé”, se indicó en la presentación. A la vez, se sostuvo que las reuniones fueron entre los directivos de la institución y autoridades ministeriales. “A través de mis padres, sin citarme ni permitirme hacer un descargo”, habría sido notificada de esta resolución, pese a que el establecimiento sabe que ya cumplió 18 años. Para la joven, notificar a su familia “no suple” su derecho a ser oída, porque sus padres no son sus representantes legales. Ellos habrían firmado el acta con constancia expresa de su disconformidad.
Además, según la presentación del amparo, no se tramitó ningún procedimiento ante el Consejo de Convivencia que prevé la Ley provincial 5402, no hubo medidas graduales previas ni se le dio oportunidad de presentar un descargo. Afirmó que se le aplicó directamente la sanción más grave. Cuestionó además que el colegio tomó como base una denuncia penal que, aclaró la estudiante, no se tradujo en una imputación en su contra. Hasta el momento no fue citada ni imputada, y en esa investigación no habría ninguna medida dispuesta por una autoridad judicial. Ante este panorama, la estudiante invocó la presunción de inocencia.
A la vez, la joven comparó su situación con la de otros alumnos y remarcó que a compañeros investigados penalmente, algunos de ellos imputados por la difusión de material íntimo de la alumna afectada, el colegio les permitió continuar con modalidad virtual. A ella, en cambio, le impuso un traslado compulsivo “a semanas del egreso”, que equivale a una expulsión.
Ante la medida de la institución educativa, la estudiante reclamó que se declare ilegítima la disposición y que se la mantenga como alumna regular hasta fin del ciclo lectivo 2026 en modalidad virtual, con la posibilidad de rendir todas las evaluaciones y recibir su título. Como medida cautelar, solicitó que se suspendan los efectos de la resolución y que, en 48 horas, se le permita seguir cursando a distancia. Ofrece comprometerse a no concurrir al establecimiento, a no tener contacto con la alumna afectada y a no hacer publicaciones sobre ella ni sobre el conflicto. Pidió además reserva de identidad y que se informe al colegio y al Ministerio de Educación y Trabajo.
