Editorial

El efecto contrario

sábado, 9 de abril de 2016 · 04:03

Con el argumento de la necesidad de achicar la planta de personal del Estado y de ese modo lograr ahorros en el gasto del personal, el gobierno nacional asumido el pasado 10 de diciembre implementó en el primer tramo de su gestión una política de reducción de trabajadores.

La versión oficial hace hincapié en que los despedidos son "ñoquis” contratados en los últimos meses del anterior gobierno, militantes premiados con contratos en distintas áreas de la administración pública.

Pero a poco que se analiza la lista de cesanteados se advierte que solo una porción presenta tales características. Muchos otros, en cambio, tienen varios años de antigüedad –algunos más de una década- y cumplen funciones importantes en las reparticiones en las que estaban asignados.

Desprolijidades de este tenor afectan a los principales perjudicados, que son los trabajadores despedidos y sus familias, pero también tienen un impacto en el resto de la sociedad, porque el Estado prescinde de agentes que, si efectivamente tenían experiencia, estaban capacitados y cumplían con sus funciones, hacían hasta el momento de su cesantía aportes valiosos en distintas áreas para beneficio del resto de la comunidad.

Un sector particularmente sensible es el de las oficinas públicas relacionadas con el desarrollo productivo. Es que precisamente si el propósito es achicar el plantel de trabajadores estatales para fomentar la creación de empleo genuino en el sector privado, parece un contrasentido producir un vaciamiento de reparticiones que se encargan de asistir y acompañar a los sectores productivos.

Tal vez un caso testigo sea el de la Secretaría de Agricultura Familiar, organismo que venía trabajando en todo el país con cientos de miles de emprendimientos familiares, brindándoles capacitación, asistencia técnica, ayuda crediticia y en la comercialización de sus productos, entre otras acciones, a los efectos de facilitar la sustentabilidad de este sector de la economía.

El trabajo de esa secretaría ya se había resentido por recortes presupuestarios en el último tramo del gobierno anterior, pero en lo que va del año se han producido en distintas provincias más de 200 despidos de técnicos que trabajan con los pequeños productores. Además, los trabajadores de este organismo, que se encuentran en estado de asamblea permanente y movilización, denuncian un vaciamiento.

En Catamarca, en donde existen alrededor casi diez mil agricultores familiares, el trabajo de la secretaría está prácticamente paralizado desde hace varios meses.

Si está situación preocupante se prolonga un tiempo más, la supervivencia de estos productores corre serio riesgo. Este tipo de desantenciones ha provocado históricamente que sea el estado, habitualmente los municipios, los que salgan al auxilio de estas familias, pero no para consolidarlos como productores, sino para otorgarle algún cargo en el sector público.

De modo que ajustes poco racionales como los que se vienen ejecutando en muchos organismos estatales terminan generando consecuencias contrarias a los que se busca.

Por cierto, como se viven apenas las primeras etapas de la nueva gestión, todas estas distorsiones están a tiempo de corregirse. El problema es que, al menos por ahora, las autoridades no alcanzar a divisar el problema.


Ajustes poco racionales como los que se vienen ejecutando en muchos organismos estatales terminan generando consecuencias contrarias a los que se busca.








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