La necesidad de ajustar los gastos excesivos del Estado provoca a veces, si las decisiones que se adoptan para tal fin no siguen criterios racionales vinculados a garantizar servicios que el sector público presta, la afectación de programas que vienen cumpliendo funciones de promoción y asistencia u otras valoradas por la comunidad, e incluso esenciales para la ejecución de políticas que el propio gobierno considera prioritarias.
Con el argumento de que las oficinas estatales están llenas de ñoquis, o como dijo el propio presidente Mauricio Macri ayer, que el Estado ha creado empleo artificialmente, la gestión que el 10 de diciembre asumió los destinos nacionales ha reducido la planta del personal, recortado presupuesto, eliminado áreas y reestructurado otras.
Este tipo de intervenciones han logrado, efectivamente, erradicar a numerosas personas que cobraban sin trabajar, la mayoría de los cuales ocupaban esos cargos por su militancia política. Pero también ha desfinanciado programas y políticas que venían funcionando eficazmente.
Programas vinculados a la salud comunitaria se han visto afectados por despidos –más de 140 médicos que se desempeñaban en territorios donde habitan sectores vulnerables ya no cumplen funciones- y la falta de presupuesto para el combustible de vehículos, lo cual constituye un serio problema en un contexto sanitario de avance del dengue y otras enfermedades endémicas y epidémicas.
Asimismo, el Programa de salud sexual y reproductiva tiene un impacto más reducido por el despido de profesionales. También se han registrado despidos en áreas de Salud Mental y Maternidad e Infancia.
También se ha visto desfinanciado el programa Progresar, por lo que en la actualidad dejaron de percibir el beneficio 360.000 jóvenes. Los beneficiarios eran más de 960 mil en noviembre pasado y en abril de este año se redujo a 600 mil, según informó el propio Gobierno.
Y también están prácticamente sin funcionar los programas Asistir y Más y Mejor Trabajo o con trabajo resentido por falta de recursos y finalización de contratos la Secretaría de Agricultura Familiar.
Pese a que el combate contra el narcotráfico ha sido mencionado durante la campaña como una de las prioridades del gobierno en funciones, se han producidos despidos que afectaron la planta de personas en pasos fronterizos de Salta, Misiones y Mendoza.
Sectores de la cultura y la educación lamentan el desfinanciamiento del programa de Coros y Orquestas para el Bicentenario del Ministerio de Educación, que fueron transferidos a los municipios, pero sin fondos. Igual suerte corrió el programa Conectar Igualdad, que podría ser tercerizado.
Los gremios estatales denunciaron el despido de trabajadores que se desempeñaban en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ), que brindaban asistencia jurídica gratuita a la comunidad.
Por otra parte, la fiscal del juicio por la causa ESMA, Mercedes Soiza Reilly, acaba de expresar su preocupación por los despidos y el desmantelamiento de importantes áreas dedicadas a la investigación de lo ocurrido durante la última dictadura, lo que podría afectar la continuidad de los juicios de lesa humanidad.
La política de racionalización del Estado debe apuntar a tornarlo más eficiente. De lo contrario, los costos pueden ser más altos que los ahorros financieros.
