El allanamiento de la litífera Livent a pagar sin discusión 197 millones de pesos y 500 mil dólares para financiar un nuevo hospital de Antofagasta de la Sierra marca un hito en la política minera provincial.
lunes 9 de septiembre de 2024
El allanamiento de la litífera Livent a pagar sin discusión 197 millones de pesos y 500 mil dólares para financiar un nuevo hospital de Antofagasta de la Sierra marca un hito en la política minera provincial.
Una auditoría de la Agencia Recaudadora de Catamarca demostró que entre julio de 2020 y marzo de este año exportó litio a un precio inferior al del mercado y, por consiguiente, eludió el pago de obligaciones multimillonarias con el fisco provincial que se calculan sobre la facturación.
Livent podría haber tomado el camino clásico de la judicialización, intentado justificar la subfacturación con subterfugios leguleyos para estirar los tiempos en busca de una negociación, pero prefirió salir de la controversia en cuanto trascendió que en abril había declarado en Aduana un precio 823% inferior al del litio jujeño.
Lógica política. Se trata de una multinacional, es la litífera decana en Catamarca y un escándalo por defraudación fiscal hubiera resultado muy gravoso para su prestigio, cuando la fiebre del “oro blanco” está en franca expansión.
El Gobierno maniobró con astucia, pues la firma en falta tenía muy poco margen para resistir un litigio jurídico de tamaña proyección, acechada como está por la competencia de inversores de igual o superior envergadura.
La china Zijing Mining, que controla Liex, destinará 380 millones de dólares a la construcción de una planta productora de carbonato de litio en el emprendimiento Tres Quebradas, ubicado en Fiambalá, pegado a la cordillera de los Andes.
La surcoreana POSCO pondrá 830 millones para una planta de hidróxido de litio en territorio salteño, vinculada al proyecto Sol de Oro, en el Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra, donde opera Livent.
Esto es: el Gobierno contaba con alternativas muy a mano, en vísperas de entrar en producción y seguramente predispuestas a expandirse, para suplantar a Livent en caso de que la controversia escalara a niveles críticos.
A esta ventaja se sumó el control sobre el padrón minero, que el Gobierno depuró de especuladores tras reformar el Código Minero y asignarle la función de fiscalización y eventualmente anulación de concesiones, que tenía el Juzgado de Minas, al Ministerio de Minería. Varios pedimentos recuperados y con potencial fueron a la CAMYEN, sociedad del Estado que de este modo mejora su posicionamiento para participar del negocio.
La unificación de la función recaudadora en ARCA a partir de 2020 remacha el clavo. Las regalías quedaron bajo su órbita y de este modo adquirió la competencia para fiscalizar los movimientos fiscales de las mineras. La lupa sobre Livent se posó en un momento muy preciso: cuando el año pasado la firma no puso lo que correspondía en el fideicomiso minero y el Tesoro provincial tuvo que cubrir la diferencia para pagar las certificaciones de obras de dos puentes en Belén.
El desenlace del incidente Livent demuestra que los cambios instrumentados en la política minera desde 2020 fortalecieron al Estado para las tratativas con los inversores privados.
Blindaje
El otro cambio significativo pasa por la administración de la renta minera.
La dispersión del sistema sancionado en 2004 ha sido reemplazada por la concentración en fideicomisos.
La ley de regalías destinaba una tajada del 45% “automáticamente en una cuenta especial a la orden y bajo la administración del municipio respectivo”, que la administraba a discreción sometidos al control posterior del Tribunal de Cuentas.
La norma establecía que las inversiones debían hacerse en “obras de infraestructura para el desarrollo económico y capacitación para actividades productivas”, criterio excesivamente difuso que no tardó en distorsionarse en interpretaciones de lo más fantásticas.
Lo mismo ocurrió con la parte que le tocaba al Gobierno.
La fragmentación de los fondos devino en un caos que licuó los multimillonarios ingresos que para el sector público significó la explotación de Bajo la Alumbrera. Faraonismo, incompetencia, maniobras clientelares y corruptelas se conjugaron en la dilapidación de la renta pública de la primera explotación de megaminería del país, que incluyó una masa de recursos tres veces superior a la de las regalías por las utilidades liquidadas por YMAD, socia en Minera Alumbrera al 20%.
Los fideicomisos neutralizan la dispersión de los recursos y permiten proyectar el financiamiento de obras de mayor envergadura e impacto económico, con criterio regional. Los dos puentes inaugurados recientemente en Belén son un ejemplo concreto de esto. Si bien está localizados en Villa Vil, mejoran la integración del oeste provincial y facilitan el acceso a la puna antofagasteña, uno de los capitales turísticos de mayor potencial que tiene la provincia. Es tan improbable que un intendente pudiera acometer obras de tal envergadura con sus regalías, como que varios se pusieran de acuerdo para financiarlas juntos.
La experiencia de la ley de regalías marca, por el contrario, que el dinero se derivaba a obras de impacto circunscripto, designaciones en los planteles municipales y hasta asistencialismo. La ruta que une Andalgalá y Belén, distritos entre los que estaba enclavado el yacimiento, se hizo por ejemplo recién en 2016, y con financiamiento nacional.
Es una vía clave para la conectividad del oeste y ningún intendente ni el Gobierno de la época dorada de la renta minera consideró necesario abrirla.
Las reglas de juego son otras, tanto en la relación del Estado con las mineras como para la inversión de los fondos que la Provincia obtenga de sus recursos minerales.
Esto no implica, por supuesto, que el sistema sea perfecto o inmune a manipulaciones espurias, pero sin dudas es más eficaz para sacar provecho del potencial minero. Un panorama auspicioso, en el inicio de la expansión litífera.