Por Christian Buteler
lunes 25 de mayo de 2026
Con una irregularidad que trepó del 3,3% al 11,5% en doce meses, los hogares argentinos enfrentan su mayor nivel de incumplimiento en más de una década.
Por Christian Buteler
Los datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al cierre de marzo de 2026 no dejan lugar a interpretaciones benévolas: la morosidad de las familias argentinas se cuadruplicó en el lapso de doce meses, alcanzando el 11,5% desde el 3,3% de marzo de 2025. En términos de la mora total del sistema, el salto es igualmente elocuente: del 2,0% al 7,0% en un año. Se trata del mayor deterioro interanual de la cartera crediticia desde la salida de la convertibilidad, y marca un punto de inflexión en la relación entre el sistema financiero y los hogares argentinos.
El fenómeno no es sorpresivo para quien siguió la evolución de las variables de ingresos durante el período. Los datos de RIPTE del Ministerio de Capital Humano confirman que los salarios privados registrados acumulan una caída real del 4,8% frente a noviembre de 2023, el total de salarios registrados cede un 9,2% y los salarios del sector público registran un desplome del 17% en el mismo período. La ecuación es sencilla y brutal: las deudas crecieron en volumen y costo financiero mientras los ingresos que debían sostenerlas se contrajeron en términos reales.
Al desagregar por línea de crédito, los préstamos personales concentran el mayor nivel de incumplimiento, con una irregularidad del 14,2% que más que triplicó el 4,1% de un año atrás. Son los créditos que las familias usan para cubrir gastos corrientes, emergencias y necesidades básicas; y son, por tanto, los más sensibles a la erosión del ingreso real. Las tarjetas de crédito, con un 11,7% de mora frente al 2,8% de marzo de 2025, confirman que el deterioro no es selectivo: abarca todos los instrumentos de consumo cotidiano.
El sector empresarial, con una mora del 3,1%, también triplicó su nivel interanual desde el 0,9%, aunque la magnitud absoluta sigue siendo contenida y no genera, por el momento, alarmas de riesgo sistémico. La brecha entre la mora de las familias y la de las empresas —11,5% versus 3,1%— es el dato más revelador del período: el ajuste macroeconómico golpeó de manera asimétrica, con los hogares absorbiendo una proporción desproporcionada del costo.
La brecha entre la mora de las familias (11,5%) y la de las empresas (3,1%) es la expresión más cruda de quién pagó el costo del ajuste. Los hogares tomaron deuda para sobrevivir; ahora no pueden devolverla.
El gráfico anterior sintetiza la paradoja del período: el crédito se expandió en un contexto de ingresos en contracción. Como señalamos en análisis anteriores, el financiamiento actuó como un "ingreso complementario" temporal que amortiguó el impacto del ajuste en el consumo. Pero ese mecanismo tiene un límite preciso: cuando la carga financiera supera la capacidad de repago del salario real, el sistema colapsa en mora. Ese umbral fue superado en algún momento del segundo semestre de 2025, y los datos de marzo de 2026 certifican la magnitud de la ruptura.
La caída del 17% en los salarios públicos reales desde noviembre de 2023 es particularmente relevante porque describe a un segmento de deudores que, hasta hace relativamente poco, era considerado de bajo riesgo por el sistema bancario: empleo estable, ingresos fijos, descuento por planilla. Hoy, ese perfil muestra un deterioro acelerado, precisamente porque el ajuste salarial en el Estado fue el más profundo de todos los sectores.
Esta asimetría entre familias y empresas no es casual ni pasajera. Refleja una estructura del sistema crediticio argentino donde las condiciones de acceso, tasas y plazos difieren sustancialmente según el perfil del tomador. Las familias de ingresos medios y bajos —el grueso de los deudores en préstamos personales y tarjetas— operan con costos financieros totales (CFT) que, en muchos casos, superaron el 150% anual durante 2025. En un contexto de salarios reales en caída, esa ecuación no cierra por ninguna vía aritmética.
Las implicancias macroeconómicas de este escenario son directas. Un hogar en situación de mora destina una proporción creciente de su ingreso al pago de deuda atrasada —con recargos punitivos y eventual gestión judicial—, lo que comprime el consumo disponible de manera más severa que el ajuste salarial por sí solo. El dato de mora no es solo un indicador financiero: es un anticipo de la demanda agregada de los próximos trimestres.
Por el lado de la oferta de crédito, las entidades financieras deben constituir previsiones adicionales por cartera irregular, lo que afecta su rentabilidad y puede moderar la expansión del crédito en los próximos meses. En un sistema que, como señaló el BCRA en su último Informe sobre Bancos, pivoteó agresivamente hacia el sector privado en 2024 —reduciendo su exposición al Tesoro y expandiendo el crédito a familias y empresas—, un freno en la originación de nuevos créditos impactaría directamente sobre el consumo y la actividad.
La reversión de la tendencia de mora requiere que al menos una de dos condiciones se cumpla: o los ingresos reales recuperan terreno de manera sostenida, o las tasas de interés bajan lo suficiente como para aliviar la carga financiera de los deudores existentes. Ninguna de las dos variables muestra, al cierre del primer trimestre de 2026, una trayectoria claramente favorable.
Los salarios privados registrados muestran leve recuperación en los últimos meses, pero parten de un piso históricamente bajo. Los salarios públicos, cuya caída real fue la más pronunciada, dependen de decisiones presupuestarias en un contexto de restricción fiscal que no da señales de aflojarse. Y el proceso de baja de tasas del BCRA, aunque en curso, todavía no se traslada plenamente a las líneas de crédito para consumo: los préstamos personales y las tarjetas siguen operando con CFT elevados.
El escenario más probable es que la mora continúe en niveles altos durante el segundo trimestre de 2026, con una posible estabilización a partir del tercer trimestre si la recuperación del salario real se consolida y la cosecha gruesa dinamiza la actividad en el interior. Pero una corrección significativa —llevar la mora de las familias de 11,5% de vuelta a un dígito— requiere un proceso de varios trimestres, no de meses.
Para los inversores que siguen al sector financiero, la evolución de las previsiones por incobrabilidad en los balances del segundo trimestre de 2026 será el termómetro más preciso. Los bancos con mayor exposición a préstamos personales y tarjetas —los segmentos de mora más alta— enfrentarán la presión más intensa. Los que ponderaron crédito hipotecario y corporativo en su cartera tendrán, previsiblemente, un panorama más holgado.
La morosidad de marzo de 2026 no es solo un dato estadístico. Es el resultado acumulado de dos años de ajuste que recayó de manera desproporcionada sobre los ingresos de los hogares. Leerlo solo como un riesgo bancario sería quedarse con la mitad del diagnóstico. La otra mitad es social, y sus implicancias sobre el consumo, la actividad y la cohesión del sistema financiero llegarán con rezago pero con certeza.
Fuente: ámbito.com