El Ministerio de Economía acaba de publicar en el Boletín Oficial la Resolución Conjunta 26/2026 por la que dispone un auxilio de $580.000 millones al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI. El auxilio llega con el conflicto de la obra social de los jubilados con sus proveedores y prestadores al límite, para ganar oxígeno y tiempo, pero se trata de un parche que no afecta a ninguna de las causas que aceleraron la crisis desde el advenimiento de Javier Milei, ya con la conciencia de que la motosierra tocó el hueso y no es posible seguir aplicándola con la brutalidad que se ha venido haciéndolo.
El 64% de los jubilados cobra un haber mínimo de aproximadamente $456.000 mensuales, mientras la canasta básica del adulto mayor asciende a $1.824.682: una brecha superior al 400%. El 64% de los jubilados cobra un haber mínimo de aproximadamente $456.000 mensuales, mientras la canasta básica del adulto mayor asciende a $1.824.682: una brecha superior al 400%.
El financiamiento se realizará mediante la ampliación de la emisión de tres series de Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en pesos, con vencimientos entre julio y septiembre de 2026. Es decir: el Gobierno toma deuda para girarle fondos a la obra social más grande de América Latina.
Es una solución de tesorería, no de política pública. Compra tiempo, descomprime la presión política inmediata y deja intactos los problemas de fondo.
La profundización de la crisis financiera del PAMI es en gran parte consecuencia del ajuste sobre el sistema previsional, que explica, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el 19% del ajuste total del Sector Público Nacional. Los jubilados son, en términos cuantitativos, el grupo más castigado por la consolidación fiscal libertaria.
La gestión libertaria imprimió mayor celeridad a un círculo vicioso.
El ajuste deprime los haberes jubilatorios, que desde diciembre de 2023 perdieron hasta el 29% de su valor real, y esa caída reduce los aportes al PAMI, que son proporcionales a los salarios.
Al mismo tiempo, el encarecimiento de las prepagas expulsa a miles de adultos mayores hacia el sistema público, que recibe más demanda con menos recursos, presión a la que debe sumarse el envejecimiento poblacional: por primera vez, el PAMI empieza a asistir a dos generaciones, padres e hijos jubilados.
Además, la canasta de medicamentos de los adultos mayores acumuló una suba del 361,6% desde el inicio de la gestión libertaria, superando en casi 192 puntos porcentuales a la jubilación mínima con bono.
La consecuencia es que el 64% de los jubilados cobra un haber mínimo de aproximadamente $456.000 mensuales, mientras la canasta básica del adulto mayor asciende a $1.824.682: una brecha superior al 400%.
El PAMI acumula una deuda de $500.000 millones con clínicas, sanatorios, farmacias y médicos. Los $580.000 millones del auxilio son una fotografía de la magnitud del problema.
En el primer bimestre de 2026, las prestaciones del organismo registraron un derrumbe del 29,8% real interanual. Los turnos para estudios se otorgan con demoras de hasta cuatro meses. El programa Remediar redujo su vademécum de 79 medicamentos a apenas tres. Y en abril, el PAMI reformó el sistema de pago a los 8.000 médicos de cabecera, reemplazando los honorarios por una cápita fija de $2.100 por paciente por mes, lo que implica un recorte de entre el 50% y el 52,5% de sus ingresos.
Corruptelas impunes
Típicamente, la gestión libertaria atribuye la crisis a la venalidad de la casta. Sin embargo,
mientras justificaba la brutal restricción de medicamentos y prestaciones con este pretexto , aparecieron los mismos vicios que el gobierno prometía extirpar.
El caso más documentado es el de Viviana Aguirre, excoordinadora contable del PAMI de La Plata y diputada suplente de La Libertad Avanza. Denunció que fue forzada a renunciar con la promesa de un cargo jerárquico a cambio de un "retorno" de un millón de pesos, pedido en sobre y en mano por un operador del armador bonaerense Sebastián Pareja. Aseguró además que los empleados eran obligados a desviar un 5% de sus sueldos para financiar actividades partidarias de LLA, práctica que se replicaba en delegaciones de Misiones, Santa Cruz, Chaco y otros distritos.
A esta denuncia se sumaron más tarde episodios como el de la licitación exprés para la compra de pañales. Realizada en seis días hábiles durante Semana Santa de 2025, convalidó un contrato de u$s450 millones con un solo oferente y un sobreprecio del 20%. Las otras tres empresas presentaron cartas de queja denunciando que el pliego había sido armado a medida para el adjudicatario.
Prescindencia
En Catamarca, el PAMI está desde marzo de 2024 a cargo de Iván Rodolfo López, figura prácticamente desconocida incluso para los sectores más informados de la política provincial. Llegó al puesto por una carambola: quien iba a ocupar la delegación, Horacio Almada, candidato a diputado de La Libertad Avanza en 2023, murió antes de poder asumir.
Desde entonces, López ha hecho del mutismo una disciplina estoica. Mientras se acumulan deudas con prestadores, se restringe la cobertura y la demanda desborda los hospitales públicos provinciales -que absorben a los jubilados que el sistema nacional eyecta-, no da la cara ni explica nada.
PAMI y la ANSES han sido siempre dos casilleros muy codiciados por la dirigencia catamarqueña: no por su valor de gestión, sino por capilaridad territorial de sus estructuras y las posibilidades que ofrecen para la construcción política.
De allí salió para ganar la intendencia de Tinogasta, por ejemplo, el actual diputado nacional peronista Sebastián Nóblega. También el intendente de Saujil, Enzo Carrizo, que le otorgó una pensión por discapacidad a su hermano Camilo para que los meses lo procesaran por un asalto a mano armada.
La ANSES es controlada por la exdiputada nacional Myrian Juárez, gerente Regional del organismo que responde al mando de Karina Milei y los primos Menem. De ahí proviene también el discreto Iván López.
Instrumento del ajuste
Los $580.000 millones de las LECAPS compran un trimestre de tiempo. Ralentizan la escalada del colapso, pero no avanzan sobre ninguna de sus causas estructurales.
El deterioro del PAMI no comenzó en diciembre de 2023, pero se aceleró de manera verificable en la gestión libertaria como resultado de decisiones concretas: la modificación de la fórmula jubilatoria, el veto a la ley de recomposición de haberes, la reducción del 57,7% real en las transferencias al instituto, la eliminación del impuesto PAMI y la nueva cápita médica.
El colapso no es un efecto colateral del ajuste, sino uno de sus instrumentos. Que la multimillonaria inyección provenga de una ampliación de la deuda del Tesoro no hace más que confirmarlo.
