Varios de los proyectos desregulatorios impulsados por el ministro Federico Sturzenegger en el marco de la denominada Ley Hojarasca han despertado fuertes cuestionamientos precisamente entre quienes integran los sectores que se pretende desregular. En ese sentido, colegios farmacéuticos, entidades médicas, organizaciones profesionales y sindicatos vinculados a la actividad sanitaria han expresado reparos al proyecto que propone una amplia desregulación de la comercialización de medicamentos.
La iniciativa contempla la habilitación de la venta digital con envío a domicilio bajo determinadas condiciones y, además, la posibilidad de comercializar medicamentos de venta libre fuera de las farmacias.
Los especialistas sostienen que la propuesta revela una mirada marcadamente comercial sobre un asunto que exige, antes que nada, una perspectiva sanitaria. Los medicamentos de venta libre no son productos inocuos. Analgésicos y antiinflamatorios de uso frecuente pueden ocasionar lesiones hepáticas, renales, gastrointestinales o cardiovasculares cuando son consumidos en dosis inadecuadas o durante períodos prolongados. De allí que su expendio no deba equipararse al de cualquier otro artículo de consumo masivo, sino permanecer bajo la supervisión de profesionales con formación específica capaces de orientar al paciente, advertir sobre interacciones medicamentosas y desalentar usos indebidos.
Otra advertencia es que los comercios no especializados difícilmente cuenten con la infraestructura necesaria para garantizar la correcta conservación de los medicamentos. Tampoco disponen de personal capacitado para detectar anomalías en los productos o brindar asesoramiento responsable. La expansión de la venta digital masiva y del expendio en establecimientos ajenos al circuito farmacéutico incrementaría, según advierten los especialistas, el riesgo de circulación de medicamentos vencidos, adulterados o incluso robados, con las consecuencias que ello puede acarrear para la salud de la población.
El Gobierno sostiene que una mayor apertura del mercado favorecerá la competencia y reducirá los precios para los consumidores. No obstante, quienes conocen el funcionamiento de la cadena farmacéutica objetan esa premisa. Señalan que la formación de precios se encuentra altamente concentrada en los laboratorios fabricantes y que las farmacias poseen escasa capacidad para incidir en los valores finales. En consecuencia, ampliar los canales de comercialización no necesariamente se traducirá en medicamentos más accesibles para la ciudadanía.
Es importante destacar también que diversos fallos judiciales ya suspendieron la aplicación de aspectos centrales de la desregulación farmacéutica incorporada en el DNU 70/2023, al considerar que existían fundamentos suficientes para revisar su impacto sobre la salud pública y el ejercicio profesional. La Ley Hojarasca no solo retoma aquella orientación, sino que profundiza varios de sus postulados.
En cuestiones de salud pública, sustituir el criterio técnico y profesional por la lógica exclusivamente comercial puede traer consecuencias en algunos casos irreversibles.
