El gobernador cuestionó el planteo de los diputados de Generar contra el acuerdo con Mega SRL.
El gobernador Raúl Jalil respondió a la denuncia penal presentada por los diputados de Generar por la obra del Gasoducto Lavalle-Catamarca y cuestionó el planteo contra el acuerdo conciliatorio alcanzado con la empresa Mega SRL.
El mandatario sostuvo que para los legisladores de Generar "su política es denunciar". Explicó que la obra atravesó un proceso de paralización luego de que el Gobierno nacional interrumpiera su financiamiento durante la gestión del expresidente Alberto Fernández. "Acá hubo una obra, se paró la financiación de la Nación en la época del presidente Alberto Fernández, se renegoció con la empresa", señaló.
El acuerdo alcanzado contempla que la firma pague un monto determinado, mientras continúan las conversaciones con Ecogas para reactivar los trabajos.
El gobernador remarcó que se trata de un proyecto de gran magnitud económica -"es una obra de muchos millones de dólares"- y agregó que sería la única de las obras paralizadas que todavía resta refinanciar. También mencionó otras obras inconclusas: anticipó que en los próximos meses buscará reactivar las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de Belén, Tinogasta y Santa María.
Días antes, en la sesión de la Cámara baja, el diputado Eduardo Andrada (FDT) había respaldado lo actuado por la Provincia y rechazado las acusaciones opositoras: "Si un gobierno quisiera ocultar algo, no lo publicaría en el Boletín Oficial". Sobre la adjudicación, explicó que se eligió "la oferta más barata de las tres" presentadas.
El legislador justificó además el convenio con Mega SRL al sostener que la sanción no representaba fondos disponibles sino un litigio abierto: "Esa multa no era dinero en la caja de la Provincia. Era un crédito en discusión judicial". En esa línea, remarcó que el acuerdo permitió cobrar fondos y destrabar la obra: "Cambiamos un papel incierto por plata cierta y un expediente cerrado".
"Que la Justicia pida todos los expedientes, que están completos y disponibles", afirmó Andrada, y cerró: "No vamos a aceptar que se confunda a la gente diciéndole que una decisión de gestión, discutible como toda decisión de gestión, constituye un delito".
El planteo de Generar
La denuncia penal fue presentada ante el Ministerio Público Fiscal por los diputados de Generar Tiago Puente, Natalia Herrera, Mamerto Acuña y Laura Quintero, para que se investigue la presunta comisión de delitos contra la administración pública en torno a la obra "Construcción Gasoducto Troncal Lavalle-Catamarca". Apunta contra Alberto Alcides Kozicki, exministro de Agua, Energía y Medio Ambiente; Máximo Matías Ramírez, exsecretario de Energía de esa cartera; y los directivos de Mega SRL, además de pedir que la investigación alcance a cualquier otro funcionario o particular involucrado. Los delitos señalados de forma preliminar incluyen administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, peculado y subsidiariamente peculado por negligencia, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles. El planteo judicial toma como base los hechos dados a conocer por El Ancasti.
El escrito reconstruye el recorrido de la obra desde la compra anticipada de cañerías en 2021, la adjudicación en 2022 y la rescisión en 2024, con eje en el Acuerdo Conciliatorio firmado el 12 de mayo de 2026: según los legisladores, Mega SRL registraba una multa de alrededor de $1.963 millones por incumplimientos, pero la Provincia aceptó un pago de apenas $301 millones, poco más del 15%. La presentación advierte además sobre la liberación de garantías por $922 millones, la renuncia estatal a reclamar perjuicios, la modificación de antecedentes registrales de la empresa y la firma del convenio por parte del Fiscal de Estado en comisión. Se suma la compra de 116 kilómetros de caños de acero por $1.827 millones para una obra inconclusa, por lo que se pidió un inventario urgente en los predios de acopio para verificar el material mediante su código estencilado.
"No estamos anticipando culpables ni reemplazando a la Justicia. Estamos pidiendo que se investigue por qué la Provincia resignó más de mil seiscientos millones de pesos de un crédito propio, liberó garantías y borró antecedentes de una empresa que había incumplido. Y que se diga con qué informes se tomó esa decisión", fundamentó Puente.
En diálogo con Tiempo Real de Ancasti Streaming, Acuña remarcó el rol de fiscalización del Poder Legislativo: "Lo único que hemos hecho es cumplir con nuestro deber legislativo. Nosotros somos la oposición y estamos para controlar al Ejecutivo provincial. Y cuando creemos que hay falencias, pedimos pedidos de informe y hacemos este tipo de denuncias".
El legislador detalló que la presentación recae sobre Kozicki, el personal técnico interviniente y la empresa adjudicataria. "Las sospechas son mala administración de los recursos públicos y una multa que se pretende cobrar al Estado por 1900 millones y terminaron cobrando 300 millones, bienes que se han perdido", argumentó.n
