Debut. Rosales Matienzo tendrá que desentrañar por qué Fiscalía de Estado dejó caer una causa conexa a Bacchiani.
El mismo día que el Senado aprobó los pliegos del exministro de Nicolás Rosales Matienzo para ocupar el puesto de Fiscal de Estado, la Cámara de Apelaciones dejó firme el sobreseimiento del abogado Paulo Gustavo Ibáñez, ex funcionario del Registro de la Propiedad Inmobiliaria, en el marco de una causa por supuestas maniobras ilícitas en esa repartición relacionadas con el patrimonio de Edgar Adhemar Bacchiani.
La ratificación del sobreseimiento fue por un motivo en principio insólito: los representantes de la Fiscalía de Estado, Victoria Eugenia Rosales y Tomás Hugo Aibar, no comparecieron a la audiencia fijada para sostener la apelación que habían planteado y el tribunal consideró desistido el recurso. Es decir: una ramificación judicial de las criptoestafas se abortó por defección de la Fiscalía de Estado.
Así es que Rosales Matienzo deberá desentrañar en su debut defensor del patrimonio y los intereses del Estado por qué los empleados del organismo se abstuvieron de sostener la apelación al sobreseimiento. Lo primero que tendría que averiguar es si tal conducta contó con la anuencia de su antecesor, Marcos Denett, que dejó el cargo para asumir como director de YMAD. Y, de ser el caso, las razones.
Es extraño, porque la causa contra Ibáñez y otras dos empleadas del Registro fue promovida por la directora de la repartición, Patricia Valdez, y Fiscalía de Estado se sumó de inmediato al expediente como querellante.
Los agentes fueron acusados por manipular registros de propiedades atribuidas a Bacchiani. Esto podría haber formado parte de maniobras tendientes a precipitar la insolvencia fraudulenta del “Trader God” o de las operaciones para despojarlo de sus bienes que denunció y nunca se investigaron.
Si el impulso inicial fue tan vehemente, ¿qué cambió para que ahora se permitiera este desistimiento?
Una hipótesis apunta a la mera negligencia o desidia profesional, lo cual configuraría una falta grave de los letrados, quienes tienen la obligación de custodiar los intereses públicos. Sin embargo, no conviene descartar la omisión deliberada para desactivar el expediente.
En cualquiera de los dos casos, la ausencia de los querellantes adquiere una gravedad institucional extrema. El Estado se autoboicoteó y quedó expuesto a una contraofensiva legal de parte de Ibáñez de proyecciones mutimillonarias.
El letrado ya no solo cuenta con la vía libre ante la Corte de Justicia para exigir su reincorporación inmediata a la planta estatal, demandar los sueldos caídos desde su expulsión y el lucro cesante: también puede accionar por el daño moral devenido de haber sido expuesto públicamente por presuntas maniobras relacionadas con una causa de altísimo impacto social.
El desamparo legal no termina en la estructura abstracta del Estado. La defección de la Fiscalía deja también en una posición de absoluta vulnerabilidad a la directora del Registro de la Propiedad, Patricia Valdez, la funcionaria que en su momento cumplió con su deber de denunciar las maniobras. Con el acusado libre de culpa por el desinterés de la querella estatal, Valdez queda expuesta en forma personal a eventuales acciones por daños y calumnias promovidas por Ibáñez.
El mensaje hacia el interior de la administración pública es nefasto: aquel funcionario que se anime a denunciar irregularidades corre el riesgo de ser abandonado a su suerte por los mismos abogados que debían sostener la acusación.
Sea por una alarmante impericia técnica o una calculada claudicación, la defección de la Fiscalía de Estado constituye un hito de impunidad y un pésimo precedente para la Provincia.
Revertir semejante despropósito es el primer gran desafío que afrontará Nicolás Rosales Matienzo.
