Por Rodrigo Morabito
Cada época tiene su forma de presionar a la justicia. La nuestra ha perfeccionado un método más sofisticado; ya no siempre hace falta destituir jueces o cerrar tribunales. Basta con erosionar, desgastar, intimidar. La independencia judicial no se quiebra de un día para otro; se deshilacha lentamente.
La reciente Declaración de Santo Domingo de la Federación Latinoamericana de Magistrados no describe excepciones. Describe un patrón. Un mapa regional de amenazas que, aunque adopten formas distintas según el país, responden a una misma lógica; domesticar al Poder Judicial.
Hoy las presiones no siempre son explícitas. A veces se presentan como reformas “modernizadoras” que, en nombre de la eficiencia o la legitimidad democrática, introducen mecanismos de control político sobre jueces y juezas. Otras veces, como discursos públicos que desacreditan decisiones judiciales incómodas, señalando con nombre y apellido a quienes las dictan. El mensaje es claro; quien decide contra el poder, paga el costo.
El hostigamiento ya no necesita oficinas oscuras ni expedientes secretos. Se despliega en redes sociales, en campañas mediáticas, en denuncias disciplinarias sin sustento. El proceso se invierte; primero se condena en la opinión pública, después (si acaso) se investiga. La independencia judicial queda atrapada entre la presión institucional y el linchamiento simbólico.
Pero hay algo más profundo (y más preocupante); el disciplinamiento estructural. La manipulación de los sistemas de selección, permanencia y sanción de magistrados se ha convertido en una herramienta silenciosa pero eficaz. No hace falta remover a todos los jueces; alcanza con generar incertidumbre. Cuando la estabilidad depende de decisiones discrecionales, la independencia deja de ser una garantía y se convierte en una apuesta personal.
A esto se suma una estrategia menos visible, pero igual de corrosiva; el debilitamiento material. Salarios erosionados, presupuestos insuficientes, sobrecarga de trabajo, falta de recursos. Un Poder Judicial precarizado es un Poder Judicial más vulnerable. La presión económica también decide.
Y en los contextos más extremos, la amenaza ya no es simbólica; es física. Jueces amenazados, perseguidos, forzados al exilio. Cuando el miedo entra en la sala de audiencias, el Estado de Derecho ya está en retirada.
Frente a este escenario, la declaración de la FLAM no es un gesto corporativo. Es una advertencia. Nos recuerda algo que suele olvidarse en el debate público; la independencia judicial no protege a los jueces, protege a las personas. Sin jueces independientes no hay derechos garantizados, no hay límites al poder, no hay justicia posible.
Deslegitimar a la justicia puede ser rentable en el corto plazo. Pero destruir su independencia tiene un costo irreversible. Cuando los jueces dejan de ser libres, los ciudadanos dejan de estar protegidos.
Y entonces ya no se trata de una crisis del Poder Judicial. Se trata de una crisis de la democracia.
