Pese a que han pasado ya 45 años desde el golpe de Estado que dio inicio a la última dictadura militar, la más sangrienta de la historia argentina, una gran cantidad de los crímenes perpetrados en ese período permanecen impunes y muchos de los que los cometieron murieron sin haber sido juzgados. Presiones del propio poder militar en los primeros años de la democracia terminaron forzando las leyes de punto final y obediencia debida, sancionadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Carlos Menem dictó luego los indultos a los jerarcas de las Juntas Militares que habían sido condenados durante el histórico juicio que dictó sentencia en 1985.
La reactivación de los juicios comenzó con la derogación de las leyes en la primera década del siglo y la declaración de inconstitucionalidad de la Corte Suprema, pero progresivamente se fue ralentizando. Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, la Justicia ha dictado hasta el momento 1.013 condenas a represores y hay 25 personas acusadas de crímenes de lesa humanidad que están prófugas. Pero, siempre siguiendo el contenido del informe, el 70 por ciento de las sentencias dictadas fueron apelados ante la Corte o la Cámara de Casación, por lo que éstas no se encuentran firmes.
La demora para elevar a juicio numerosas causas que cuentan con abundante prueba para condenar a los imputados se hizo más evidente a partir de 2016 y se profundizó con la llegada de la pandemia. El escrito de la Procuraduría consigna al respecto que “persisten demoras en diferentes instancias del proceso, manteniéndose estable en la instrucción y agudizándose en las instancias recursivas contra las sentencias definitivas dictadas por los tribunales federales de todo el país”.
Sin embargo, en el último año se han desarrollado algunos juicios que contaron con la novedad de que la decisión de transmitir las audiencias a través de herramientas virtuales ha multiplicado el número de “asistentes”, demostrando el interés que tiene un porcentaje absolutamente mayoritario de la sociedad argentina para que finalmente, después de casi medio siglo, se haga justicia.
La casi unanimidad de la condena social a la dictadura militar que ocupó ilegalmente el poder entre 1976 y 1983 tiene unas pocas excepciones: persisten posturas negacionistas, del mismo modo que en el caso de los aberrantes crímenes cometidos por el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y hay otros que justifican los crímenes por razones políticas o ideológicas. Pero son cada vez menos, no tienen relevancia estadística y están aislados, mientras crece la valoración de la Democracia como forma de vida y organización política de la sociedad, aún pese a las deficiencias observadas en los sucesivos gobiernos desde 1983, pero atribuibles más que a la Democracia, a la ausencia de ella en la práctica y a falencias que solo puede corregirse con las instituciones de la República y no a través de la fuerza.
En el país de las grietas, al menos esa lección ha sido aprendida y es compartida por la inmensa mayoría.
