El juez Marcelo Sago entendió que no hubo pruebas suficientes para sostener la figura de “partícipe necesario”. La querella pidió anular el fallo.
El juez de Control de Garantías Marcelo Sago sobreseyó recientemente al abogado Nahuel Filippín, quien estaba imputado como presunto partícipe necesario de abuso sexual con acceso carnal. Tras la resolución, la querella, representada por el abogado Sebastián Ibáñez, presentó un recurso de apelación para pedir la nulidad del fallo.
El planteo fue admitido por el magistrado y el expediente pasó a la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos, que deberá resolver si confirma o revoca el sobreseimiento.
La decisión había sido dictada el 29 de abril, durante una audiencia de oposición al requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Alejandra Antonino. En esa instancia, la defensa de Filippín, representada por el abogado Juan Pablo Morales, cuestionó la imputación y pidió que se anulara el requerimiento.
Al fundamentar su resolución, Sago concluyó que las pruebas incorporadas en la causa no alcanzaban para acreditar una participación penalmente relevante de Filippín en el hecho atribuido a su primo, Neri Maximiliano Sarmiento Balastegui, imputado como autor del abuso.
Para el juez, las conductas señaladas por la Fiscalía —como el traslado de la denunciante hasta un inmueble de Banda de Varela, las insistencias previas y el posterior retiro del lugar— no constituyeron un aporte esencial y determinante para la consumación del delito, requisito necesario para sostener la figura de “partícipe necesario”.
Sin embargo, el magistrado dejó abierta la posibilidad de que la conducta atribuida a Filippín pudiera encuadrarse en otra figura penal, aunque aclaró que una eventual recalificación excedía su competencia en esta etapa del proceso.
La resolución representó el segundo revés judicial para la estrategia de la Fiscalía en esta causa. A mediados de 2025, el mismo juez había anulado un primer requerimiento de elevación a juicio luego de que la defensa advirtiera que la fiscal no promovió la realización de una pericia psiquiátrica a la denunciante.
En aquella oportunidad, Sago devolvió el expediente a Antonino para que realizara una nueva presentación, incorporara las pericias pendientes e incluyera un delito que, según se señaló, había sido omitido en el requerimiento anulado.
Pese al sobreseimiento por la acusación más grave, Filippín será juzgado por los delitos de “encubrimiento agravado por ánimo de lucro”, “hurto simple” y “desobediencia judicial”.
Este último hecho está vinculado a un episodio ocurrido a fines de agosto de 2025, cuando Filippín se quitó el dispositivo dual que tenía instalado para la protección de la denunciante.
