Las justificaciones esgrimidas por los diputados nacionales semanas atrás respecto del cobro por el canje de pasajes, demuestran la distancia abismal que existe entre los dirigentes políticos y el resto de los ciudadanos. La más enfática defensora de ese privilegio fue Elisa Carrió, autoproclamada adalid de la República y la transparencia institucional, que el año pasado añadió por esta vía a su salario como legisladora un monto extra de alrededor de 350.000 pesos.
Los integrantes de la cámara baja nacional, como compensación por la supresión de esta prerrogativa inaceptable, podrán gozar de ahora en más de 30.000 pesos mensuales adicionales a sus sueldos (360.000 al año) para gastos de “movilidad”. Es decir, a los suculentos sueldos que cobran por su rol en el Congreso nacional habrá que adicionarle ese monto, que cubre dos salarios promedio de un trabajador en la Argentina.
Por ésta y muchas otras razones, la dirigencia política es fuertemente cuestionada por la sociedad. Pero no es una característica exclusiva de ella, sino abarcativa en general de las instituciones, sobre todo en épocas de crisis como la que vivimos.
Los datos de un estudio de carácter nacional realizado a fines de marzo por la consultora Taquión sobre más de 1.600 casos, consigna que sólo el 8,6 por ciento de los argentinos cree en sus dirigentes políticos, el 6,5 por ciento a las autoridades religiosas, el 3 por ciento a los empresarios y solo el 1,8 por ciento a los jueces.
Fácil es deducir que la opción más respondida en esta pregunta es “No le creo a ninguno”, que reúne el 53,6 por ciento de las respuestas.
Una buena parte de la sociedad repudió los actos de corrupción cometidos por funcionarios del anterior gobierno nacional que hoy son investigados por el Poder Judicial. Esa fue una de las razones por la que terminaron optando por un cambio político, beneficiando a una propuesta política que prometió honestidad y transparencia. Casi dos años y medio después de los comicios presidenciales, la mayoría de los encuestados consideran que en el actual gobierno también campea la corrupción.
Ante la pregunta “¿en qué medida diría que Mauricio Macri es corrupto?”, el 48% respondió de manera afirmativa (32,6% “mucho” y el 15,8% “bastante), mientras que el 40,6% lo hizo de forma negativa (18,7% “poco” y 21,9% “nada”).
Si se suma la opción “poco corrupto” a las de “mucho” y “bastante”, el porcentaje sube al 66 por ciento.
Frente a la consulta sobre su entorno, el número es aún más elevado. El 54,5% considera que quienes rodean al mandatario son corruptos (35,5% “mucho” y 19% “bastante”) y solo un 31,9% que no lo son (22% “poco” y 9,9% “nada”).
Quienes tienen responsabilidades dirigenciales, cualquiera sea el ámbito, deberían reflexionar profundamente sobre la calidad de la democracia que ostenta una sociedad en la que más de la mitad de quienes la componen no le creen ni a los políticos, ni a los empresarios y mucho menos a los jueces.
Se necesita mucho más que cambios de modales y una mayor apertura al diálogo con todos los sectores. Es preciso un cambio cultural de fondo que ponga la institucionalidad otra vez en el centro de la escena con hechos concretos y no solo con declamaciones de campaña.
