Acaba de comenzar la temporada de paritarias. Las discusiones, probablemente, serán más ásperas que lo habitual, condicionadas por el mensaje bajado por el Gobierno de que deberán negociarse incrementos salariales no superiores al 15 por ciento, esta vez sin la cláusula gatillo, que se dispara cuando la inflación supera el porcentaje de aumento acordado, garantizando que los sueldos no pierdan poder adquisitivo.
Las ofertas patronales a los sindicatos del ámbito privado están siguiendo este criterio, y lo mismo sucede con los gremios estatales, incluso en provincias y municipios. En Catamarca, tanto a nivel provincial como del principal municipio de la provincia, el de la Capital, los ofrecimientos de aumentos a los docentes apenas superaron el techo fijado por el Gobierno nacional.
Como nadie, ni siquiera los funcionarios más optimistas, creen que la inflación anual será del 15 por ciento –el mercado especula con niveles en torno al 20 por ciento o más-, resulta evidente que el propósito del Gobierno es que otra vez los salarios pierdan frente a la inflación.
¿Por qué el Gobierno impulsaría una medida tan antipopular? Desde la lógica de la ortodoxia económica, el cepo al salario opera como un factor que contribuye a ralentizar la inflación. Pero, además, sueldos más bajos implican una baja del costo laboral y vuelve a las empresas más competitivas, lo que, siempre desde esta lógica, atraerá inversiones que dinamizarán la economía.
Se trata más bien de un presupuesto teórico que no ha tenido en estos dos años resultados prácticos.
Tomando como referencia 2016 y 2017, Argentina ha sido el país de Sudamérica en donde más ha caído el poder adquisitivo de los trabajadores –entre el 4,1 y el 10,8 por ciento-, según un informe de la Universidad de Avellaneda publicado hace pocos días. Y sin embargo en este lapso la tasa de inversión ha sido muy baja en lo que respecta al desarrollo de proyectos capaces de convertirse en generadores de empleo, y alta solo para operaciones de especulación financiera.
La baja salarial tampoco ha logrado reducir la inflación, porque hay otros factores más importantes que inciden en la formación de precios, como la suba del dólar y de las tarifas, además de componentes relacionados con desajustes estructurales de la economía y los comportamientos especulativos de los actores económicos.
Sin los efectos deseados –incremento de las inversiones por la mejora en la competitividad empresarial y reducción sustancial de la inflación-, la tendencia a la baja de los salarios solo deja secuelas perniciosas: contracción del mercado interno, caída de la actividad económica y aumento de la pobreza, como sucedió en 2016, cuando no se aplicó la cláusula gatillo en paritarias y la caída del poder adquisitivo fue muy notoria.
El incremento del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, además de ser un factor alineado con la idea de equidad social, estimula la demanda interna y genera crecimiento económico. Pero no es, la experiencia de estos dos años lo ha confirmado, una alternativa que la ortodoxia contemple entre sus planes.
Por eso, en el arranque de la temporada, el pronóstico es reservado.
