El último informe anual de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, informa que entre el 1° de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025, los delitos contra la integridad sexual representaron el 55,5% de las intervenciones realizadas durante el período analizado, con 547 hechos relevados.
Lo más alarmante es la composición de esas víctimas. Del total de casos, 219 (un 40%) correspondieron a menores de 18 años, abordados por el programa especializado en maltrato y abuso sexual infantil, mientras que los restantes 328 casos involucraron mayoritariamente a personas adultas. A esto se suma un dato estructural que confirma lo que distintas organizaciones vienen señalando hace años: el 82,8% de las víctimas acompañadas por la DOVIC durante este período fueron mujeres, un porcentaje que además creció respecto del informe anterior, que había registrado un 81,5%.
El relevamiento de los delitos que se cometen en Catamarca corrobora el predominio de las causas vinculadas a violencia familiar y de género. Durante 2025 fueron 12.757 los casos de este tipo verificados en todo el territorio provincial, según estadísticas del Poder Judicial.
Frente a este panorama, la pregunta de fondo no es si existe el problema, ya que los números lo confirman con elocuencia, sino si el Estado nacional está dispuesto a sostener, con recursos concretos, las estructuras que atienden a las víctimas de delitos de abuso o violencia. La DOVIC es un organismo del Ministerio Público Fiscal de la Nación, con alcance federal, pero buena parte del trabajo de contención, asistencia psicológica, acompañamiento en Cámara Gesell y patrocinio jurídico recae sobre dispositivos provinciales que dependen, en gran medida, de partidas que el gobierno nacional decide transferir o no.
Los delitos contra la integridad sexual no son un fenómeno que pueda abordarse únicamente desde la lógica punitiva, una vez consumado el daño. Requieren políticas activas de prevención, educación sexual integral, capacitación de las fuerzas de seguridad y del personal de salud y, sobre todo, de una red de asistencia a víctimas que no dependa de la buena voluntad de funcionarios de turno ni de los vaivenes presupuestarios de cada gestión.
El informe de la DOVIC debería leerse, en ese sentido, como un llamado de atención. Cuando más de la mitad de las intervenciones de un organismo nacional especializado están vinculadas a delitos contra la integridad sexual, y cuando ocho de cada diez víctimas son mujeres, el Estado argentino —en todos sus niveles— tiene una responsabilidad ineludible. El gobierno nacional no puede desentenderse del financiamiento de estas políticas bajo la excusa de que se trata de "gasto" y no de inversión. Se trata de garantizar derechos básicos a las personas más vulnerables frente al delito.
