Por Marcelo Falak para Letra P
jueves 11 de junio de 2026
El jefe de Gabinete admitió que ahorró "en negro". Evasión, mentiras y "tapón fiscal". Javier Milei, el padre de la Argentina de la corrupción hecha ley.
Por Marcelo Falak para Letra P
En vísperas del inicio de un Mundial de fútbol que, se supone, desviaría la atención popular hacia temas más felices, Manuel Adorni presentó este miércoles por la noche su declaración jurada de bienes y se defendió, con argumentos autoincriminatorios que lo prueban como un evasor contumaz de impuestos, en la pantalla amiga de La Nación +.
Con el dibujo consumado, necesitó de una ayuda extra: su adhesión al régimen simplificado de declaración del impuesto a las Ganancias contenido en la llamada "ley de inocencia fiscal", lo mismo que su esposa, Bettina Angeletti. ¿Una pistola humeante?
La ley 27.799 no es formalmente un blanqueo de capitales, pero en lo concreto sí lo es. El hecho de que permita –algo sin precedentes– que adhieran a sus beneficios tanto funcionarios públicos como sus familiares directos la convierte en un vehículo ideal para la legalización de la corrupción de ayer, de hoy y de mañana. El crimen, así, se hace perfecto.
Tras la omisión –¿culposa o dolosa?– de los legisladores de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y partidos provinciales que la aprobaron, ese escándalo estalla ahora con el uso de la herramienta que hizo el jefe de Gabinete.
En la entrevista, Adorni dijo lo que antes no decía alegando –falsamente– que la Justicia no se lo permitía. Además, confesó –sin una pizca de autocrítica– ser un evasor y haber presentado "más de veinte" declaraciones juradas falsas, que ahora debió rectificar, hechos que en cualquier país normal –que no es este de Javier Milei– sería causal, por lo menos, de renuncia fulminante.
"Todo lo hice en la actividad privada" y en conjunto con Angeletti, indicó. "No soy un chorro", aclaró dolorido, como si la evasión no fuera un robo a la sociedad que, reconoció, perpetró durante 25 años porque "era una locura" estar dentro de la ley y necesitaba, claustrofóbico, "escapar de la vieja política".
El funcionario confesó en vivo varios delitos. Vivimos un tiempo muy raro, en el que semejantes dichos se presentan –y son aceptados por un entrevistador pasivo– como justificaciones válidas.
El funcionario aseveró haber invertido 200.000 dólares en bitcoin desde 2014, y ganado "unos 300.000 dólares". Considera que eso, respaldado en datos de billeteras virtuales que recién ahora desempolva, lo salva de los cargos de enriquecimiento ilícito. Es, apenas, un simple evasor.
En base a eso, presentó su declaración jurada de 2025 y aluvionales rectificaciones a las de dos décadas previas, trámite que había olvidado antes "por la locura" que era gobernar la Argentina poskirchnerista.
Todavía le falta explicar por qué recién empezó a vivir bien el 10 de diciembre de 2023, cuando ya poseía una pequeña fortuna en negro, y por qué ninguno de los innumerables blanqueos argentinos le pareció válido para dejar de ser un delincuente.
El gobierno de Javier Milei –el propio presidente Javier Milei– alaba la evasión, la alienta y la despenaliza. Además, ofrece a sus funcionarios un instrumento para desligarse de responsabilidades pasadas y, acaso, de corrupciones actuales o futuras.
La Argentina está a merced de una berretocracia que, además de extremista y extravagante, se rige por un código de ética deplorable.
El problema con la "inocencia fiscal" no es que sea un blanqueo de facto. De hecho, la Argentina vive procesos de ese tipo de manera continua y cada gobierno se hace aprobar al menos uno por el Congreso en busca de que se exteriorice una parte de los 170.000 millones de dólares que, calcula el FMI, muchos argentinos tienen en negro, ya sea en cuentas del exterior no declaradas, en cajas de seguridad o, como se suele decir, "bajo el colchón". Fuera del sistema y fuera del circuito que permite generar riqueza, empleo e ingresos tributarios para cubrir necesidades de todo tipo.
El drama, como se dijo, es que puedan blanquear funcionarios y parientes directos.
El régimen simplificado permite acogerse a un esquema más simple y menos burocrático de presentación de la declaración jurada de Ganancias, lo que es un incentivo de base.
Adorni, ya condenado por la opinión pública, jugó con la ambigüedad. "Ni Bettina ni yo vamos a entrar en ningún blanqueo", se había expresado off the record antes de su aparición en TV. "Ante la desinformación difundida recientemente en los medios de comunicación, es necesario aclarar que inocencia fiscal y el régimen simplificado de Ganancias son dos herramientas diferentes", añadió.
El jefe de Gabinete, o acaso el "entorno" que asume el off, mintió una vez más: el régimen simplificado de Ganancias es la herramienta del blanqueo encubierto y la presunción de inocencia fiscal, su corazón o fundamento. Sin lo segundo, lo primero sería imposible.
Según consta en la página oficial del Gobierno, sólo pueden adherir al régimen simplificado aquellos contribuyentes que generen ingresos anuales menores a los 1000 millones de pesos anuales –casi 700.000 dólares al cambio actual– y que tengan un patrimonio de hasta 10.000 millones de pesos –unos siete millones de dólares–. Los grandes contribuyentes quedan afuera.
A quienes se acojan al esquema, ARCA les proveerá "una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente podrá revisar, modificar y presentar. La presentación y el pago en término del impuesto –o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento– otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base". Eso significa que la ARCA cerrará los ojos y se atará las manos para actuar hacia atrás, principio que se ha dado en llamar "tapón fiscal". Es dable suponer que este es el mayor incentivo que ha encontrado la pareja Adorni.
Para no mirar, la agencia recaudadora elevó, mediante la norma, el umbral de lo que se considera delito de evasión simple a 100 millones de pesos –casi 70.000 dólares–, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos –poco menos de 700.000 dólares–. También modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de cinco años a apenas tres.
La existencia de una causa en la que se investiga a Adorni debería ser suficiente para que se le denieguen los beneficios del régimen –que no encubre casos de enriquecimiento ilícito–, además de suponer una clamorosa admisión política –no legal– de que tiene mucho que ocultar.
A propósito, una duda que quema: ¿qué hará al respecto el titular del organismo, Andrés Vázquez, investigado por los posibles delitos de evasión tributaria, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, también anotado para el beneficio?
Una curiosidad: al anunciar, como vocero, la "ley de inocencia fiscal", Adorni estimó que "aún no se toma la real dimensión de todo lo que implica". Tenía razón.
Y una grosería: uno de los encargados de anunciar su envío al Congreso –el 5 de junio del año pasado– fue el entonces presidente de la Comisión Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y candidato bonaerense José Luis Espert… antes de que se conocieran los pormenores del financiamiento de sus campañas. Dijo:
"Para nosotros tiene que regir el principio de inocencia fiscal. Por eso el objetivo de este proyecto es blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco". "Para nosotros"…
Ya queda claro por qué la presunción de inocencia tributaria –que ya no invierte la carga de la prueba, lo que obligaba antes al contribuyente a demostrar el carácter legal y blanco de sus ingresos y propiedades– es el corazón y fundamento del esquema.
La excepción, dice la ley 27.799, es que se detecten "discrepancias significativas", establecidas como una diferencia superior al 15% entre los ingresos declarados y los reales.
¿Pero cómo? ¿No era que la ARCA cerraba los ojos y se ataba las manos?
Esto es cierto, pero, aunque el contribuyente del régimen simplificado ya no deba informar sus gastos, la agencia recaudadora no deja de tener toda esa información y mucha más por otras vías: movimientos bancarios, compras con tarjetas, adquisición de autos, lanchas o inmuebles. Apenas se compromete a no usarla… a no ser que la use y detecte anomalías.
Esto, que es una verdadera laguna legal y un motivo de incertidumbre enorme si se piensa que la era de la extrema derecha podría no durar para siempre, explica, si no el fracaso, el carácter limitado de la adhesión que el esquema ha tenido hasta el momento: solamente unos 80.000 contribuyentes.
Es por eso que Toto Caputo prepara un nuevo plan que blinde más la inacción de la ARCA, de modo de generar las certidumbres necesarias.
El ministro de Economía necesita que fluyan "los dólares del colchón", que se bancaricen, que se destinen a inversiones financieras declaradas, que se usen en la compra de propiedades, vehículos o lo que sea. Le faltarán dólares en 2027 y no quiere que el año electoral sea un aquelarre de demanda de divisas para atesoramiento, presión cambiaria, fuga de capitales y sobresaltos inflacionarios. El hombre aprendió lecciones en el 2018 y el 2019 de Macri.
Que la "inocencia fiscal" busca "los dólares del colchón" no es una presunción. Así lo dijeron Caputo, Milei y, entre muchísimos otros referentes del Gobierno, una entusiasta Patricia Bullrich. ¿Qué dirá la senadora ahora, cuando aprovecha la volada el mismísimo Adorni, a quien había conminado a aclarar con un anticipo de su declaración jurada las dudas que genera su tren de vida?
Como se dijo, la adhesión al régimen simplificado de Ganancias no indica per se culpa alguna. Por un lado, porque esa opción puede justificarse en lo abreviado, sencillo y desburocratizado que hace el trámite de presentación de la declaración jurada. Por el otro, porque el hecho de que constituya un posible vehículo para el lavado de dinero no significa que todo el mundo decida subirse a él.
El problema de esto no es el blanqueo virtual, sino su corazón conceptual y el "tapón fiscal" que asegura. Y, muy por encima de todo eso, el hecho de que la ley permita acceder a sus beneficios a los funcionarios y a sus parientes más cercanos.
En las últimas horas surgió una suelta de nombres de gente adherida al régimen simplificado, la que continuará. La mención a personas que no están "políticamente expuestas" probablemente sea injusta, pero es sugestivo lo que ya se sabe sobre funcionarios que se han acogido al mismo.
Además de Adorni, su esposa y su jefa de asesores, Aimé "Meme" Vázquez; Espert, Federico Sturzenegger, el "cineasta" Santiago Oría, los senadores oficialistas José Benegas Lynch y Agustín Monteverde y el asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez, quien viene de tener que explicar la recepción de un crédito del Banco Nación y que, evidentemente, no se pierde una.
Más raro aun, aparece Vázquez, el propio jefe de la ARCA, juez y parte en las solicitudes, y, como se dijo, personalmente sospechado. Además, su predecesor Juan Pazo, autor del proyecto de "inocencia fiscal" y ahora beneficiario de la ley.
La norma permite ratificar cada año la adhesión al régimen simplificado y al laissez-faire de ARCA, lo que la convierte en un blanqueo permanente.
Teoricemos. Un funcionario público venal y coimero podría disfrutar libremente de consumos imposibles de justificar en condiciones normales. Para eso, podría entrar él mismo en el esquema y, además, pulverizar otros montos a nombre de cónyuges, hijos, hermanos o padres convertidos en testaferros que reciben la garantía de no ser visitados por ARCA. Un enchastre que serviría, por su carácter renovable, para legalizar la corrupción de ayer, de hoy, de mañana y de toda la eternidad.
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, defenderá en París, ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), las políticas oficiales contra el lavado de activos.
Lo hará a lo largo de la semana que viene acompañado por el juez federal Sebastián Casanello; el titular de la DAJuDeCO (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial), Tomás Rodríguez Ponte, y –vaya curiosidad– de otro juez federal: Ariel Lijo, el mismo que lleva adelante la investigación sobre posible enriquecimiento ilícito de Adorni y la causa sobre las coimas en la ANDIS, las andanzas de Diego Spagnuolo y el supuesto "tres por ciento para Karina" Milei. Argentina es una comedia de episodios diarios.
El GAFI no penaliza los blanqueos ni tampoco que sean prácticamente permanentes, como es el caso de la Argentina. El límite es que no coarten las investigaciones y alertas sobre casos de lavado y financiamiento de actividades ilegales como el terrorismo, el tráfico de drogas o la trata de personas.
La clave es que los Estados mantengan la capacidad de detectar, prevenir e investigar el lavado.
¿El "tapón fiscal" y la decisión de convertir la ARCA en un ente ciego, sordo y mudo es compatible con esos estándares?