Gerardo Pollicita recibió el trabajo de un organismo especializado que analizó los bienes del exjefe de Gabinete; no arrojó un número final, pero identificó vacíos en sus declaraciones.
La causa que investiga al exjefe de Gabinete Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito avanzó este viernes con la recepción, por parte del fiscal Gerardo Pollicita, de un informe técnico que reafirmó las inconsistencias detectadas en el patrimonio de la familia Adorni.
El informe, elaborado por la DAFI, un organismo especializado del Ministerio Público, y ajustado según los criterios de la fiscalía, constituye un extenso análisis sobre la evolución patrimonial del exfuncionario. Según fuentes al tanto de su contenido, el trabajo se basa en una revisión año a año de las declaraciones juradas de Adorni, que señala vacíos explicativos en sus números y en los de su esposa, Betina Angeletti, responsable de parte de los gastos familiares y también alcanzada por la investigación.
El documento era considerado clave por la fiscalía para avanzar hacia el requerimiento de justificación de bienes, una instancia propia del delito de enriquecimiento ilícito, que solo alcanza a funcionarios, y antesala de un eventual llamado a indagatoria.
Durante la feria judicial de invierno, que se extenderá dos semanas, los investigadores de la fiscalía se abocarán a revisar el trabajo de la DAFI para darle un encuadre jurídico, según indicaron fuentes de Comodoro Py. Cuando la actividad judicial se reanude, en los primeros días de agosto, Adorni podría ser citado a dar sus primeras explicaciones sobre su patrimonio.
El requerimiento de justificación de bienes es una intimación formal mediante la cual se comunica a un funcionario o exfuncionario que se detectó un incremento injustificado en su patrimonio, y se le da la oportunidad de explicar el origen de esos fondos. Será la primera vez que Adorni deba ofrecer una explicación judicial sobre sus movimientos patrimoniales, después de que su defensa, a cargo de Matías Ledesma, participara hasta ahora de todas las instancias del expediente con un rol pasivo.
Si esa explicación es considerada insuficiente por los investigadores, el exfuncionario podría ser citado a indagatoria. El pedido puede realizarlo el fiscal, aunque la decisión final de convocarlo corresponde al juez de la causa, Ariel Lijo.
