Previsiblemente el debate sobre la pobreza transcurre en estos días posteriores a conocerse los datos del informe de la Universidad Católica Argentina en el terreno de la disputa política más que en el ámbito relacionado con el diseño de estrategias para superarla.
Para el Gobierno nacional es el sinceramiento de la herencia recibida. Oculta que desde que asumió y hasta septiembre del año pasado hay un millón y medio nuevo de pobres y 600.000 nuevos indigentes, producto de las medidas económicas aplicadas desde diciembre de 2015.
El kirchnerismo solo hace mención al incremento de la pobreza y la miseria en los últimos meses, pero omite decir que nunca pudo perforar el piso del 25% de pobres, esto es, avanzar sobre la pobreza estructural, y que pulverizó la estadísticas oficiales, por lo que los datos más fiables en los últimos años fueron precisamente los que proporcionó la UCA.
El informe de mención consigna que entre diciembre de 2015 y septiembre de 2016 la pobreza subió del 29% al 32,9%, y la indigencia del 5,3% al 6,9%.
En 2003, luego de la tremenda crisis de 2001 que terminó de explotar en 2002, la pobreza llegó a niveles inéditos (58%), lo mismo que la indigencia (27%). Entre 2003 y 2011, según los datos de las consultoras privadas y la UCA, la pobreza bajó 30 puntos porcentuales, y la indigencia poco más de 20 puntos porcentuales, y desde entonces y hasta el fin del gobierno de Cristina Fernández se mantuvo estable o con tendencia a una leve alza.
Ningún gobierno, tampoco el del Frente para la Victoria, que gestionó con varios años de crecimiento del PBI por arriba del 10%, pudo avanzar sobre la pobreza estructural, que afecta a uno de cada cuatro argentinos. Ése es el gran objetivo de la democracia argentina: lograr que en las etapas de crecimiento económico se generen políticas redistributivas y de desarrollo de la infraestructura que permitan que progresivamente se remuevan las causas estructurales de la pobreza.
Pero antes de acometer semejante desafío, el actual gobierno de Cambiemos debe implementar políticas que reviertan el proceso de incremento de la pobreza. Contradiciendo las expresiones de los actuales funcionarios, los datos duros de la economía indican que el país continúa en recesión y que en el mejor de los casos el crecimiento de la economía podría apenas llegar al 2% del PBI, pero no de la mano de las inversiones extranjeras sino de la inyección de recursos destinados a la obra pública en un año electoral. Un incremento tan escaso no llegaría casi a impactar en los indicadores sociales.
El incremento sostenido de la deuda externa -casi 80.000 millones de dólares de nueva deuda en lo que va del gobierno de Macri- se convierte en una amenaza para el mediano y largo plazo, fundamentalmente porque las divisas que ingresaron al país no fueron a financiar obras de infraestructura para el desarrollo sino a tapar los huecos que deja el creciente déficit fiscal y la fuga de capitales.
Como se puedo apreciar, es mucho y complejo el trabajo que debe encararse para lograr que se inicie un proceso de reducción sostenida de la pobreza. No basta con el crecimiento de los indicadores económicos: es preciso que los beneficios de ese crecimiento se reorienten hacia los sectores más vulnerables de la población.
