La persistencia de la recesión económica que afecta al país desde fines de 2015 amenaza con profundizar el problema de la informalidad laboral, que afecta a cuatro de cada diez argentinos ocupados. En números, según un informe elaborado por los economistas Marcelo Capello, Gerardo García Oro y Laura Caullo, del Instituto Ieral de la Fundación Mediterránea, significa que hay casi ocho millones de trabajadores que padecen precarización en sus condiciones de trabajo.
El trabajador informal se encuentra en condiciones muy desventajosas respecto de los que poseen un trabajo en blanco. En principio no gozan de obra social ni beneficio jubilatorio futuro, pero además sus incrementos salariales no dependen de paritarias gremiales sino más bien de la discrecionalidad del empleador. De modo que la brecha salarial entre los trabajadores informales y los formales se amplían en épocas de crisis como las que vivimos.
La informalidad laboral es un problema estructural en la economía de nuestro país. Si bien durante los años de altos niveles de crecimiento que la Argentina tuvo en la segunda mitad de la década pasada hubo un descenso de los niveles de trabajo en negro, los índices nunca pudieron perforar el piso del 30%.
En el trabajo de los técnicos del Ieral, se sostiene que "la combinación de entornos laborales escasamente inclusivos y una baja productividad promedio del empleo frente a un contexto de altos costos laborales y una excesiva carga tributaria acaban condicionando las oportunidades de formalización y creación de empleos de calidad".
El estudio tiene la virtud de que, además de trazar un diagnóstico de la situación, ofrece pistas para la generación de políticas que hagan frente a la situación. Para los economistas, resulta insuficiente intentar resolver el problema únicamente con "una estrategia de reducción del costo laboral de contratación", sino que se requiere "una perspectiva integral que combine políticas focalizadas sobre las principales afecciones que caracterizan la realidad de cada segmento vulnerable".
Y mencionan como estrategias posibles de combinar la promoción del primer empleo entre los jóvenes –uno de los sectores más perjudicados en la materia-, con una dinámica de aprendizaje de oficios y entrenamiento laboral”.
Destacan la necesidad de propiciar la "preparación en habilidades socio-emocionales y acompañamiento a jóvenes vulnerables en su trayecto de reincorporación a entornos educativos y laborales, con especial abordaje sobre la realidad del hogar en que éste se desarrolla".
Proponen asimismo políticas promocionales diferenciadas, contemplando las potencialidades productivas de cada región, y políticas de género para fomentar la participación laboral de las mujeres.
El diseño de estas estrategias, sin embargo, resulta insuficiente para modificar positivamente el panorama de la informalidad laboral. Es imprescindible, además, retomar el ciclo de crecimiento de la economía, que permita no solo reducir el trabajo no registrado sino además crear nuevo empleo.
Mientras el Gobierno no encuentre los mecanismos para lograr encontrar los caminos del desarrollo, cualquier política orientada a reforzar la formalidad laboral será difícil, si no imposible, de implementar eficazmente.
