Cuando genéricamente se habla de "el campo”, sobre todo cuando la perspectiva de análisis se refiere a los intrincados caminos de la política económica, son muchos los que, condicionados por una visión centralista del país, asocian el concepto a los productores de la pampa húmeda.
Este sector, que produce básicamente para exportar y que ha sido beneficiado por el actual gobierno con la baja o eliminación de las retenciones y por la devaluación, tiene nada o muy poco que ver con la inmensa mayoría de los productores agropecuarios de la Argentina, que por escala producen para el mercado local o incluso para el autoabastecimiento.
A diferencia de los agroexportadores, cuyos recursos se han incrementado notablemente desde diciembre a la fecha, los pequeños productores o agricultores familiares, que representan más del 90% de los productores de nuestra provincia, por ejemplo, están atravesando una situación complicada.
Es que a la difícil situación estructural que padecen históricamente, debe sumársele el impacto del proceso de desfinanciamiento de los organismos del Estado que los acompañan y le brindan capacitación y asistencia técnica o crediticia.
En los últimos días ha cobrado relevancia el plan de lucha iniciado por trabajadores y profesionales del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). El reclamo es por el recorte de más de 1.100 millones de pesos del presupuesto para esta área, lo que, según el gremio que representa a los trabajadores, pone en riesgo la continuidad laboral de 300 contratados, 330 trabajadores que no son permanentes y alrededor de 340 becarios de universidades que realizan trabajos de investigación en el instituto, además de la posibilidad de cerrar algunas de las estaciones experimentales.
Pero, además, el recorte puede afectar a los productores a los que el INTA acompaña, pues los priva de recursos económicos y eventualmente humanos que significan aportes importantes.
Algo parecido sucede con la Secretaría de Agricultura Familiar. Los trabajadores de ese organismo vienen denunciando la implementación de medidas tendientes a su vaciamiento, con despidos de profesionales y técnicos en varias delegaciones de la Argentina y una notable disminución de los recursos destinados a asistir a los productores familiares.
En el sector hay también preocupación por la falta de reglamentación de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que defiende a la agricultura familiar como aporte para la soberanía alimentaria y la construcción de un modelo de agricultura más sustentable, que fue aprobada por unanimidad por el Congreso en diciembre de 2014, pero que aún no se implementa.
Deberían las autoridades atender las demandas de los sectores productivos que tienen menor peso en términos de incidencia política, particularmente en comparación con los exportadores de la pampa húmeda, pero un alto grado de vulnerabilidad social.
Los organismos del Estado que acompañan a estos sectores no solo no deben promover el desfinanciamiento, sino que, por el contrario, tienen la obligación de reforzar las herramientas de las que se valen los pequeños actores de la vida económica nacional para subsistir.
