Fiasco. La negociación entre funcionarios y gremios fue abortada por los docentes autoconvocados.
Una de las conclusiones que pueden extraerse del conflicto originado a partir del decreto 884/25 que, entre otros temas, regulaba el nuevo sistema de cobertura de cargos docentes, es la casi nula representatividad de los gremios docentes.
Cinco sindicatos -SADOP, ATECA, SIDCA, SUTECA y UDA- estuvieron negociando con los ministros de Educación, Nicolás Rosales Matienzo y de Trabajo, Verónica Soria, en los días previos a la multitudinaria movilización realizada en las calles céntricas de la capital catamarqueña, expresión de fuerza docente que fue clave para que el propio gobernador de la provincia, Raúl Jalil, diera la orden de derogar el instrumento legal y convocar a una nueva instancia de diálogo.
En una extensa reunión que comenzó el viernes por la tarde y finalizó a altas horas de la noche, los funcionarios provinciales y los gremialistas negociaron una serie de cambios en el decreto de la polémica. Para sellar el acuerdo firmaron un acta en la que se desestimaron varios puntos del decreto que eran rechazados por los gremios docentes y se dispuso crear una comisión permanente de trabajo para seguir analizando otros aspectos del decreto.
Tal consenso, lejos de descomprimir el conflicto, pareció haberlo agudizado. Miles de docentes autoconvocados, desafiando el acuerdo avalado por los sindicalistas, salieron a la calle a pedir lisa y llanamente la derogación del decreto y a cuestionar la actuación gremial.
La falta de representatividad de los gremios docentes no es nueva. Desde hace mucho tiempo que la figura inorgánica pero con peso real de los “docentes autoconvocados” tiene protagonismo, sobre todo en la calle, como quedó corroborado con la marcha del sábado. Se trata de un problema para los docentes, que no se sienten representados y para los gremios, que no representan. Pero también es un inconveniente para el gobierno, que lógicamente debe convocar a los gremios del sector con el sello legal para negociar los problemas de índole educativa, aunque los acuerdos a los que se lleguen tienen una importancia relativa, pues en definitiva la convalidación práctica de esos consensos depende de la docencia en general, que suele no acatar las posiciones formales de los gremios.
La derogación del decreto, forzada por el masivo y espontáneo descontento que se trasladó a las calles también de algunas localidades del interior, no es el fin del conflicto sino apenas una suerte de cuarto intermedio. A la par de comunicar la medida, el Ejecutivo provincial volvió a convocar a los gremios para un nuevo espacio de diálogo que permita la elaboración de un nuevo instrumento legal.
El interrogante que surge es qué legitimidad puede tener un eventual nuevo acuerdo, en este y muchos otros temas del quehacer educativo provincial, si los docentes de a pie, los que se autoconvocan porque no son convocados por los gremialistas, lo terminan otra vez rechazando.
Lo que no está funcionando correctamente es el sistema de representación gremial porque no se activan mecanismos de participación real de las bases en las decisiones. Los sindicalistas tienen que concurrir a las reuniones con la patronal, en este caso el Gobierno, con un mandato concreto y deben luego consultar en asambleas con los docentes si las bases convalidan o no determinada propuesta o negociación.
Los gremios en general carecen de una vida democrática activa de las características mencionadas, con mecanismos que habiliten que las decisiones sean adoptadas por los trabajadores en su conjunto y defendidas por los dirigentes. Sucede que, por lo general, el método de sindicalistas decidiendo por el universo de trabajadores que supuestamente representan no tiene mayores objeciones. No es lo que sucedió en este caso con los docentes, que debieron manifestar su descontento para desarticular un consenso de cúpulas que, más temprano que tarde, iba a terminar sucumbiendo.
