El Senado de la Nación se encuentra prácticamente paralizado. Hay rumores de que podría no volver a sesionar en lo que resta del periodo legislativo ordinario. De modo que corren riesgo de perder estado parlamentario importantes proyectos que tienen dictámenes favorables o incluso media sanción de la Cámara de Diputados.
Uno de esos proyectos es el proyecto de Ley de Seguridad del Paciente, o “Ley Nicolás”. No se trata de una iniciativa que registre oposición: es avalado por los distintos bloques de la Cámara baja, donde ya fue sancionado, y tiene dictamen favorable, también con apoyo unánime, en el Senado. Pero no se trata por la propia inacción de la cámara. El paso que falta es que la propia presidenta natural del cuerpo, la vicepresidenta Victoria Villarruel, convoque a sesión, algo que debería ser un acto institucional de rutina, pero se ha convertido en algo excepcional desde el cambio de autoridades parlamentarias.
La principal impulsora de la norma es Gabriela Covelli, la mamá de Nicolás Deanna, fallecido por mala praxis médica en 2017. El proyecto propone una serie de medidas para evitar que se repitan historias similares, como por ejemplo la formación y verificaciones periódicas de la aptitud profesional de los equipos de salud, o la obligación de reportar los errores médicos en el sistema SISA (que centraliza el Ministerio de Salud). Pero la medida más importante que se propone es la confección de un registro unificado de sanciones e inhabilitaciones. De ese modo se impediría que un profesional de la salud con probada mala praxis pueda, por el solo hecho de cambiar de jurisdicción, seguir ejerciendo.
No hay muchos antecedentes legislativos de esta índole en el mundo, por lo que son varios los países que observan con atención el itinerario parlamentario que va siguiendo el proyecto en la Argentina, con la intención de que se replique en otros parlamentos de la región. Como antecedente, no legislativo pero sí conmemorativo, debe mencionarse que desde 2019 se celebra todos los 17 de septiembre el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, promovido por la Organización Mundial de la Salud.
No hay objeciones de tipo presupuestaria para la aplicación de la norma, en caso de que se aprobara. “Entiendo que la premisa de este gobierno es evitar cualquier gasto extra, pues bien, esta ley no necesita de presupuesto, porque se sostiene con sistemas que ya existen, como el SISA, el Sistema Integrado de Información Sanitaria, los colegios de médicos y los ministerios de Salud. De lo que se trata es de garantizar 'el buen funcionamiento y el máximo control' de los sistemas que ya existen", argumenta Covelli, que no se da por vencida pese a la reticencia evidente de la conducción de la Cámara.
Sería inadmisible que el proyecto de Ley de Seguridad del Paciente perdiera su estado parlamentario, y por ende los avances registrados hasta el momento, solo por negligencia, aun cuando hay acuerdo generalizado como pocas veces.