Claudio Espinoza fue acusado por los delitos de “administración fraudulenta” y “estafa calificada”.
El fiscal de Instrucción de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, Germán Quinteros, imputó e indagó al contador Claudio Francisco Espinoza, en el marco de una investigación por presuntas maniobras defraudatorias que habrían ocasionado un perjuicio patrimonial millonario a firmas comerciales.
De acuerdo con la denuncia presentada por los damnificados y las pruebas incorporadas -entre ellas documentación, testimonios y pericias técnicas- el fiscal imputó al acusado por los delitos de “administración fraudulenta” (hecho nominado primero) y “estafa calificada por perpetrarse mediante la manipulación de sistemas informáticos” (hecho nominado segundo), ambos en concurso real.
La investigación indicó que, entre agosto de 2019 y marzo de 2025, el imputado Espinoza, contador público nacional, aprovechando su rol profesional y la confianza depositada en él por los damnificados, ejecutó maniobras destinadas a obtener beneficios económicos indebidos.
Durante la ejecución de un contrato de servicios contables, manipuló planillas de liquidación de haberes mediante la introducción de fórmulas falsas, generando diferencias entre los montos que correspondían a los empleados y las sumas de dinero que solicitaba para el pago de los mismos.
Esta operatoria, verificada a partir de la documentación secuestrada y comunicaciones digitales analizadas, causó un perjuicio económico superior a los 130 millones de pesos al damnificado dueño del comercio.
En otro tramo de la investigación, se determinó que el 22 de marzo de 2025, el mismo imputado accedió al sistema informático interno de una de las firmas comerciales desde su estudio profesional en Tinogasta, utilizando credenciales de usuario de terceros. Mediante esta acción, modificó temporalmente precios de productos, generando una alteración en el sistema comercial con el fin de adquirir mercadería a un valor inferior al real. La maniobra fue advertida y documentada en el marco de las actuaciones judiciales, que continúan bajo investigación.
El 4 de octubre de este año, se conoció otro supuesto caso de estafa que generó preocupación en la comunidad tinogasteña. Se trata de la causa que tiene como imputada a Graciana Valeria Páez, quien está sospechada de estafar por 16 millones de pesos.
El fiscal Quinteros imputó a Páez por múltiples maniobras de estafa que habrían tenido como víctimas a distintas personas, a quienes engañó simulando vínculos con empresas mineras y constructoras, así como con organismos públicos.
El ardid consistía en aparentar gestiones laborales o adjudicación de obras, solicitando importantes sumas de dinero bajo la excusa de cubrir gastos de trámites, impuestos, inscripciones societarias y certificaciones. Para generar confianza, incluso simulaba llamadas telefónicas, compartía comprobantes falsos y remitía documentación adulterada.
Las maniobras de estafas vendrían desarrollándose desde el 2019, oportunidad en que la investigada habría convencido a tres personas de pagar $13.500 en total con la promesa de ingresar a trabajar en una minera, lo que nunca ocurrió.
Posteriormente, se ganó la confianza de otra víctima con la propuesta de crear una empresa constructora para participar de la licitación de 70 cuadras de asfalto en Tinogasta. Con ese ardid le solicitó sumas millonarias en distintos momentos, logrando que transfiriera $11.410.000 en total. En otro caso, bajo la apariencia de gestionar la certificación ISO 9001 para una empresa, obtuvo $4.710.000, sin cumplir con ninguna diligencia. Como parte de sus maniobras de estafa, la persona investigada se hizo entrevistar con el intendente de Tinogasta, Ernesto Andrada, y difundió una foto de ese encuentro entre sus víctimas, sugiriendo un acuerdo para la adjudicación de una obra. Ante esto, el intendente se presentó espontáneamente en la Fiscalía para desligarse de la actividad delictiva.
En conjunto, las maniobras habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de más de 16 millones de pesos a las víctimas. En virtud de los elementos de prueba reunidos, el fiscal imputó a Páez por seis hechos, delitos de estafa simple y administración fraudulenta, atribuyéndole la autoría en todos los hechos, que habrían ocurrido en concurso real.