En su afán por bajar el gasto público, el Gobierno Nacional está ejecutando el desmantelamiento de numerosos organismos estatales que prestan funciones esenciales para distintos sectores de la sociedad. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que desde hace casi 70 años contribuye decididamente al desarrollo del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial.
Los recortes realizados hasta el momento vienen afectando a esos sectores, al punto que todas las entidades que representan al agro –por ejemplo, la Mesa de Enlace, que nuclea a la Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y la Federación Agraria- se han manifestado en contra de ese desmantelamiento.
El ministro Federico Sturzenegger está preparando actualmente un decreto que afectaría de lleno la labor que desempeña el Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (CIPAF) con la posible reducción de cientos de puestos de trabajo en ese organismo. De concretarse esta avanzada, se vería perjudicado el sector más importante de producción de alimentos para el mercado interno, y además el que se encuentra históricamente en una situación de mayor vulnerabilidad dentro de la producción nacional: el de los agricultores familiares.
En la Argentina existen cerca de 250.000 establecimientos agropecuarios de los cuales el 63,7% corresponde a la agricultura familiar. En Catamarca los agricultores familiares son aproximadamente 8.300, lo que significa más del 80% sobre el total de establecimientos.
Desmantelar el CIPAF tendrá un costo muy importante en materia productiva, en tanto se trata de un organismo clave para generar, adaptar y validar tecnologías apropiadas que contribuyen a volver sostenible la agricultura familiar, en un trabajo que además cuenta con la participación de los propios agricultores en el proceso de investigación.
El sector de la agricultura familiar ya sufrió un golpe del que no puede reponerse cuando el año pasado, a poco de asumir el gobierno de Javier Milei, se disolvió el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) a través del decreto 285/2024. Esta medida afectó a 900 trabajadores del organismo, quienes fueron despedidos.
En Catamarca el INAFCI trabajaba en 15 de los 16 departamentos con 35 técnicos que acompañaban y asesoraban desde hacía 25 años a los emprendimientos familiares en materia administrativa, contable, de organización, comercialización, asistencia técnica, formulación de proyectos, capacitaciones en temas productivos, organizativos y respecto de líneas de financiamiento, entre otras actividades.
Si ya aquella medida gubernamental había generado enormes perjuicios para los pequeños productores, la eventual disolución del CIPAF puede significar un golpe de gracia para una gran cantidad de emprendimientos, que dependen del apoyo estatal para subsistir en un mercado en el que los grandes productores disponen de todas las ventajas.
